Desde este martes, en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja y como marco de una reunión informativa, arrancará el debate de la nueva Ley de Biocombustibles en Diputados, que ya viene con la media sanción en el Senado.
La Comisión de Energía y Combustibles, presidida por el oficialista Facundo Correa Llano, recibirá a especialistas. No obstante, el texto tiene giro también a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura y Ganadería.
La iniciativa recibió media sanción del Senado el 17 de septiembre pasado, por 41 votos a favor y 25 en contra. En la misma se prevé la derogación de la Ley 27.640, que había sido sancionada en 2021.
Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), advirtió su rechazo a la ley porque condena a “la quiebra a decenas de pymes”.
Y remarcó que si bien el corte sube al 10%, para el sector de pymes baja del actual 7,5% al 4%: “Con ese porcentaje cierran 14 de las 25 plantas del país, exactamente las más alejadas del puerto de Rosario”.
Y agregó: “En 2036 ese cupo va a cero y cierran todas. Eso no es apertura: es una transferencia de mercado del interior hacia el puerto, con fecha de vencimiento para las pymes”.
Martelli dijo: “Esperamos que los diputados de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, más allá de su pertenencia partidaria, no avalen esto y exijan cambios”.
El dirigente de CEPREB recordó que durante el tratamiento en el Senado, “hasta un aliado del Gobierno como Maximiliano Abad votó en contra porque la ley perjudica a su provincia. La pregunta para cada diputado es muy simple: ¿por qué tengo que votar algo que manda a la quiebra una empresa de mi provincia?”.
“Es absurdo promover una ley que manda a la quiebra a las pymes y concentra el mercado en seis aceiteras. No baja el precio en el surtidor, no trae inversión y destruye empleo en Ramallo, Junín, Daireaux, General Pico, Nogoyá y San Luis”, sostuvo. En el caso de La Pampa, hay dos plantas: una en Catriló y la otra en General Pico.
Y concluyó: “Nosotros proponemos una solución para que todos sigan produciendo: subir el corte, reservar un segmento para las plantas regionales durante toda la vigencia de la ley y abrir otro a la libre competencia. Nadie retrocede y las aceiteras entran a un mercado del que hoy están ausentes”.
Propuesta de nueva ley con media sanción
El proyecto prevé un marco regulatorio de las actividades de elaboración, almacenaje, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles en el territorio nacional, con una vigencia de 15 años contados a partir de su aprobación.
En cuanto a los porcentajes de cortes obligatorios de biodiésel para el gasoil y bioetanol para las naftas, se propone: en el primer caso, pasar del 5% actual a un 7,5% y, en el plazo de un año desde la sanción de la ley, elevarlo al 10%; en el segundo caso, se mantiene por un año el 12% actual y, transcurrido un año desde la nueva ley, se lleva al 15%.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía, quien podrá “modificar excepcionalmente” el porcentaje obligatorio “cuando lo considere conveniente, por motivos ambientales, sociales o económicos, en función de asegurar el abastecimiento de la demanda ante situaciones que afecten el mercado interno o por cuestiones técnicas y/o de calidad”.
Otro de los artículos indica: “A los fines de garantizar la competencia, la participación por empresa elaboradora no excederá 20% del total de la cantidad anual de bioetanol comercializado en el corte obligatorio durante el año calendario correspondiente”.
A su vez, se incorpora un esquema de comercialización por regiones, con un diferencial del 20% por distancia para compensar los costos de transporte de las plantas más alejadas.
Una de las principales discusiones en la Cámara alta pasó por las empresas no integradas productoras de biodiésel, que actualmente cuentan con el 7,5% correspondiente al corte obligatorio. Según el esquema de transición que se estableció, ese porcentaje pasará al 6,5% en 2028, al 5,5% en 2029 y al 5% en 2030. Entre 2031 y 2036 quedará establecido en un piso del 4%.
Otro de los puntos es que se faculta a las provincias y la Ciudad a establecer regímenes de fomento propios habilitando nuevas bocas de expendio que favorezcan la comercialización de manera opcional e incremental de cortes superiores a los mínimos obligatorios.
Por otra parte, se permite la libre importación de biocombustibles para ser utilizados en mezclas superiores al corte obligatorio y en los casos en los que hubiese faltante de oferta para satisfacer la demanda del corte obligatorio.