Un día antes de entrevistarse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, el influyente subsecretario de Estado, Christopher Landau, blanqueó la preocupación de las empresas norteamericanas por una parte de la ley de defensa de la soberanía nacional, impulsada por el Poder Ejecutivo en el Congreso: el proyecto no solo establecesanciones para las compañías Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) que llevan adelante el proyecto Sea Lion en las aguas circundantes de Malvinas, sino también contra compañías asociadas a ellas en otros proyectos.
“Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, afirmó, ante una pregunta de La Nación y en conferencia de prensa, el número 2 del secretario de Estado, Marco Rubio, que ayer por la noche llegó de Paraguay para completar su gira por dos países aliados de la administración de Donald Trump.
El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, se había encargado en los últimos días, y según distintas fuentes oficiales, de transmitir a los funcionarios argentinos la preocupación de Washington, compartida por empresas norteamericanas, por la “laxitud” del Título I del proyecto, que sanciona a empresas vinculadas con las petroleras que trabajan en Malvinas, denunciadas por el gobierno argentino en el Tribunal Internacional del Mar, en Hamburgo.
Para el canciller Pablo Quirno, que acompañó a Landau en la rueda de prensa luego de una reunión de trabajo compartida, “hoy existe una ley que el gobierno argentino considera que tiene que ser mejorada, porque justamente no le da a la Argentina las herramientas necesarias en el marco que tenemos, para defender de la mejor manera nuestros intereses en la vida”.
Con el embajador Lamelas sentado en la primera fila, Quirno enfatizó que el proyecto oficialista “no va en contra de nadie en particular, sino que se le da a las diferentes empresas que quieren operar en Argentina la posibilidad de elegir entre una oportunidad que tiene un potencial muchísimo mayor, de manera legítima, y una operación más riesgosa e ilegítima”, en referencia explícita a las inversiones en Vaca Muerta, y sus diferencias con inversiones en Malvinas.
En relación a la propuesta del gobierno de Trump de disolver el Comité de Descolonización de la ONU, donde la Argentina presenta año a año su reclamo por la soberanía de Malvinas, Landau fue claro en su respaldo a su eliminación. “No es ningún secreto que parte de nuestra agenda en la administración es la reforma de instituciones multilaterales como lo es las Naciones Unidas. Ahí hay una enorme variedad de comités que a través de años no han hecho casi nada. Así que yo espero que aquí en Argentina no se confunda un proyecto para agilizar la operación de Naciones Unidas con un tema en particular”, reforzó.