Adrián Ravier, vocero presidencial y presidente de La Libertad Avanza La Pampa, fue nuevamente cuestionado. Ahora el Foro Permanente de Discapacidad le respondió por la comparación que hizo entre el aumento de las pensiones no contributivas por invalidez y las cifras de países que atravesaron o atraviesan guerras. La organización cuestionó que esa afirmación no contemple los factores que explican el crecimiento de los beneficios y atribuyó el incremento, principalmente, a cambios en la política de otorgamiento y a la pobreza estructural.
Ravier había señalado que el padrón de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 75.947 beneficiarios en 2001 a más de 1,2 millones en 2023. También sostuvo que esa cifra es similar a la de países que tuvieron o tienen guerras.
En un comunicado al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el Foro consideró que esa comparación está “cargada de silencios” y no explica las razones del aumento. Según la entidad, durante esos años se modificó la dinámica de entrega de las pensiones.
En primer lugar, explicó que se abandonó el cupo de 80.000 beneficios, que establecía que cada alta debía compensarse con una baja. También señaló que se comenzó a buscar a personas con discapacidad en situación de pobreza para otorgarles una pensión, con el objetivo de garantizarles un ingreso y el acceso a prestaciones y medicamentos.
La organización agregó que las pensiones por incapacidad laboral alcanzaron a personas con discapacidad que, aunque podían trabajar, difícilmente conseguían empleo y atravesaban situaciones complejas. Además, indicó que el beneficio también se otorgó a niñas y niños con discapacidad, pese a que el trabajo infantil está expresamente prohibido por la legislación argentina.
El foro sostuvo que, aunque la Argentina no atravesó una guerra generalizada durante esos años, desde mucho antes padece una pobreza estructural que produce enfermedades discapacitantes y dificulta el acceso a la salud, la educación, la rehabilitación, los medicamentos y los elementos de apoyo. También mencionó las barreras para participar en distintos ámbitos de la sociedad y acceder a oportunidades laborales.
En ese sentido, atribuyó esa situación a las políticas de distintos gobiernos, a intereses económicos que excluyen a sectores de la población y a hechos de corrupción que, según afirmó, desviaron recursos e impidieron generar oportunidades.
“La pobreza enferma, desnutre, discapacita, daña e impide rehabilitarse”, expresó la organización. También cuestionó a quienes consideran injustificable la cantidad de personas con discapacidad que hay en el país sin tener en cuenta las condiciones sociales y económicas que atraviesan.
El foro le reprochó a Ravier desconocer datos nacionales e internacionales sobre la población con discapacidad. En ese marco, afirmó que al menos 1.500.000 personas con discapacidad viven en situación de pobreza en la Argentina.
Por ese motivo, le pidió al vocero que se informe para no “caer en falacias” y evitar la difusión de datos que, según la entidad, no se corresponden con la realidad del país.
La organización aclaró que sus cuestionamientos no implican desconocer la existencia de errores o maniobras fraudulentas en el otorgamiento de pensiones. Sin embargo, sostuvo que esos casos no explican el crecimiento general del padrón.
“Sr. vocero, en sus palabras vemos ignorancia de datos internacionales y nacionales respecto del número de personas con discapacidad”, resaltó el foro. “Para su conocimiento y del gobierno en general, en situación de pobreza existen al menos 1.500.000 personas con discapacidad en la Argentina”.
“Es por eso que sería bueno que puedan instruirse a fin de no caer en falacias y cumplir su rol de informar de manera más eficaz y con contenidos ciertos y no repetir datos que son falsos o no responden a la realidad de nuestro país que parece no ver”, dijo.
Los casos detectados
En relación con los relevamientos oficiales, el Foro cuestionó que los datos difundidos se utilicen para poner en discusión toda la política de pensiones. Según el comunicado, se identificaron 105 beneficiarios con elementos que podrían impedirles acceder al beneficio, sobre un total de 21.812 pensiones suspendidas.
La entidad calculó que esos casos representan el 0,48% de las pensiones suspendidas. Al comparar esa cantidad con el total de beneficios, indicó que la proporción es del 0,0086%.
A partir de esos números, consideró que el porcentaje es demasiado reducido para justificar el cuestionamiento generalizado al sistema, aunque insistió en que toda pensión otorgada de manera irregular debe ser corregida.
Las denuncias en la Andis
En otro tramo del comunicado, el Foro cuestionó que Ravier no se haya pronunciado sobre las denuncias por gastos sin justificar y presuntos sobreprecios en compras realizadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante la gestión de Diego Spagnuolo.
En particular, mencionó las actuaciones atribuidas a Alejandro Vilches, exsecretario del área de discapacidad, y reprochó que el vocero no hubiera considerado esos hechos como posibles indicios de corrupción dentro del organismo.
Para la organización, esa conducta refleja un “criterio selectivo”, porque, según sostuvo, las denuncias de corrupción que el funcionario considera relevantes son únicamente aquellas que involucran a la oposición.
“Ud. sale a formular estas críticas, pero no hemos escuchado declaraciones suyas sobre las denuncias de gastos sin justificar y presuntos sobreprecios en las compras realizadas en la ANDIS por el Dr. Alejandro Vilches, ex secretario de la Secretaría Nacional de Discapacidad, durante la gestión del Dr. Spagnuolo. Tampoco hemos escuchado que considere esos hechos indicios de corrupción en el organismo durante aquella gestión”, dijo la organización. “Pareciera existir en Ud. un criterio selectivo: los indicios de corrupción que merecen ser comentados son únicamente aquellos que involucran a la oposición. La conclusión es que, para el Gobierno nacional, parece suficiente seguir haciendo afirmaciones sin fundamentos serios, porque siempre habrá algo que pueda instalarse en la opinión pública y contribuir a estigmatizar a las personas con discapacidad que reciben pensiones, las cuales les permiten acceder a derechos elementales como la alimentación, la salud y la educación”, resaltó.
Hacia el final, el foro afirmó que las declaraciones oficiales sin fundamentos serios contribuyen a estigmatizar a las personas con discapacidad que reciben pensiones y a cuestionar beneficios que les permiten acceder a derechos básicos, como la alimentación, la salud y la educación.
También advirtió que ese discurso contribuye a construir un clima social que facilita la aplicación de medidas de ajuste sobre ese sector, mientras se presenta la corrupción como un problema exclusivo de la oposición.
“Viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, cerró el foro, con un viejo refrán.