La Corte Suprema de Justicia de la Nación reactivó el proceso judicial por el que La Pampa reclama la restitución del río Atuel y solicitó a las partes que, en un plazo de 20 días, informen si alcanzaron algún acuerdo parcial en el ámbito de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (Ciai). Es decir, concretamente, le pidió a Mendoza que informe si cumplió el fallo que la obliga a largar continuamente agua a La Pampa.
La resolución, notificada este viernes, también requiere que las jurisdicciones involucradas describan las actividades desarrolladas desde la sentencia que el máximo tribunal dictó en 2020, con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de lo ordenado.
La decisión se conoce luego de más de seis años de presentaciones y reclamos de La Pampa para que se avance en la ejecución del fallo. La Provincia celebró la reanudación del trámite judicial ante la Corte Suprema.
En su sentencia de 2020, el máximo tribunal estableció como meta interina un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo del río Atuel en el límite entre La Pampa y Mendoza.
Además, ordenó a las dos provincias y al Estado nacional que, en el ámbito de la Ciai, determinaran las acciones y obras de infraestructura necesarias para alcanzar ese volumen de agua. También debían establecer los plazos de ejecución y el porcentaje de los costos que afrontaría cada jurisdicción.
El fallo dispuso, a su vez, la elaboración de un programa de monitoreo permanente para controlar la provisión del caudal fijado y la evolución de la biota, la salinidad y los niveles freáticos. Los programas de obras y monitoreo debían ser presentados ante la Corte para su aprobación en un plazo de 90 días.
La Corte también indicó que, en las negociaciones entre las tres jurisdicciones, debía considerarse una propuesta formulada por el Estado nacional y aceptada por Mendoza en noviembre de 2019. Y advirtió que, si no se alcanzaba una solución acordada, sería el propio tribunal el que definiría el curso de acción.
Por último, instó a La Pampa y Mendoza a fortalecer institucionalmente el organismo de cuenca e incorporar al Estado nacional. Para ello, planteó considerar la creación de la Comisión Interjurisdiccional del Río Atuel (Cira), en reemplazo de la actual Ciai.
Con el nuevo requerimiento, la Corte vuelve a poner en el centro del expediente el cumplimiento de la sentencia de 2020 y pide a las jurisdicciones que informen qué avances concretos hubo desde entonces.
Una larga historia de reclamos
El conflicto por el río Atuel lleva casi ocho décadas. El punto de quiebre fue 1947, cuando se inauguró el primer dique El Nihuil, en Mendoza. El llenado de la represa interrumpió el último brazo del río que todavía llegaba a La Pampa.
En agosto de ese año, Ángel Garay, encargado del destacamento policial de Paso de los Algarrobos, envió un telegrama al presidente Juan Domingo Perón para denunciar la falta de agua, la pérdida de animales y las dificultades que atravesaban los pobladores del oeste pampeano.
Como consecuencia de aquellos reclamos, en 1949 se dictó la Resolución 50/49, que dispuso tres sueltas anuales de agua de siete días cada una para abastecer a las poblaciones y al ganado, regar praderas naturales y alimentar represas y lagunas. La medida no consiguió restablecer el escurrimiento regular.
Las consecuencias ambientales y sociales fueron profundas. La Pampa estima que el corte provocó la desertificación de 1,5 millones de hectáreas y el éxodo de centenares de pobladores del oeste provincial.
Las intervenciones de la Corte
El conflicto llegó a la Corte Suprema en 1979. En diciembre de 1987, el máximo tribunal declaró que el Atuel es un río interprovincial y exhortó a ambas provincias a acordar un uso razonable y equitativo. Sin embargo, rechazó la acción posesoria de La Pampa y mantuvo los usos consuntivos que Mendoza tenía entonces.
En 2014, La Pampa presentó una nueva demanda por daño ambiental colectivo. El 1 de diciembre de 2017, la Corte rechazó el planteo de cosa juzgada de Mendoza y ordenó a las provincias y al Estado nacional determinar un caudal apto para recomponer el ecosistema y elaborar un programa de obras.
Finalmente, el 16 de julio de 2020, estableció una meta interina de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite entre ambas provincias. También ordenó determinar las obras necesarias y establecer un sistema de monitoreo ambiental.
Ahora, más de seis años después, la Corte reactivó el expediente y dio 20 días a las jurisdicciones para informar si alcanzaron acuerdos parciales y qué hicieron para cumplir la sentencia.
El reclamo por el Atuel, que comenzó con los pobladores del oeste hace casi 80 años, sigue sin una solución definitiva.
