“El gobierno de Jujuy miente. No fue una interrupción legal de embarazo”. Con este título, integrantes de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito – Regional Jujuy criticaron la decisión del Ministerio de Salud de esa provincia y de su gobernador, Gerardo Morales, en avalar la cesárea a una nena de 12 años, embarazada tras un abuso sexual.
“Una niña de 12 años, violada y embarazada, fue usada como incubadora al retrasar, intencionalmente, la interrupción de embarazo, que le correspondía por ley y que fuera explícitamente solicitada, por ella y por su madre, desde el primer momento que tuvieron noticia de la situación”, expresaron las integrantes de la Campaña.
Y agregaron: “En una clara violación a lo establecido en el artículo 86 del Código Penal y lo regulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo FAL, los directivos intervinientes incumplieron con sus deberes de funcionarixs públicxs, ejercieron abuso de autoridad, violencia institucional y tortura, al demorar, deliberadamente, la aplicación de las prácticas previstas, obligando, a la niña gestante, a continuar con su embarazo y atravesar por un parto quirúrgico, revictimizándola”.
Las organizaciones que firmaron la solicitada denunciaron públicamente, por inclumplimiento en sus funciones, al gobernador Gerardo Morales, a su ministro de Salud, Gustavo Bohuid, al director del Hospital Paterson, Marcelo Villa y al jefe del Servicio de Toco Ginecología, Daniel Rocha, del mismo hospital; a la directora del Hospital Materno Infantil Alice Vargas y al fefe de Servicio de Maternidad Provincial Gustavo Briones.
“Exigimos la renuncia del ministro de Salud Gustavo Bohuid y las sanciones correspondientes a quienes incumplieron con sus responsabilidades de funcionarixs y con la ley”, remarcaron desde la Campaña.
“No solo incumplieron con los protocolos establecidos, sino que pretenden retroceder en los derechos garantizados por la normativa vigente, a través de la manipulación y la tergiversación de la información que vertieron a través de algunos medios de comunicación Gustavo Bohuid dice que existe un vacío legal, pero esto no es cierto”, destacaron en el comunciado.
“Lo que ocurre es que no le gustan las leyes vigentes porque es militante declarado de los antiderechos y hace abuso de su posición como ministro para imponer sus convicciones religiosas. Es mentira que los protocolos propongan, como límite a la ILE, 22 semanas de gestación. La legislación actual y que rige desde 1921 establece causales y no plazos. Los embarazos de las niñas violadas son casos especialmente complejos ya que, en general, su embarazo se detecta tardíamente. Lo peligroso de la situación vivida en Jujuy es que, desde los sectores anti derechos y sus representantes en el gobierno, pretendan sentar el precedente de usar los cuerpos de las personas gestantes como incubadoras”, agregaron.
