La Legislatura provincial, actualmente en receso, avanzará ni bien comiencen las sesiones ordinarias, en marzo, en búsqueda de sancionar una ley que le ponga límite a la usura de los préstamos de las financieras. Tratarán de que los intereses por los préstamos que otorgan no excedan el 15% de la tasa del Banco de La Pampa.
“La idea es trabajar para legislar sobre este tema que está generando un gran problema en la sociedad, inmersa en una crisis económica fenomenal que hace imposible acceder a un préstamo”, dijo el presidente del bloque de diputados del PJ, Espartaco Marín.
El, junto a los diputados Luis Solana y Martín Berhongaray, del Frepam, son quienes han trabajado en el tema financieras y el año pasado lograron que se cree el registro provincial de todas las entidades prestamistas que operan en La Pampa.
“Ya tenemos esta herramienta que es el registro, que obliga a registrarse para operar. Ahora vamos por la regulación de la tasa de interés, que en la mayoría de los casos son usurarias”, aseguró.
¿Qué dice el proyecto que está en comisión de la Cámara de Diputados? Defíne como excesiva, abusiva y desproporcionada toda tasa que se aplique por las entidades financieras atípicas, casas de préstamo o prestamistas, o entidades afines, que exceda el que establece el Banco de La Pampa para operaciones de préstamos personales, con más el 15%, la cual se considera como Costo Financiero Total (C.F.T.), expresado como tasa efectiva anual que incluye el concepto de interés o renta financiera, de cualquier tipo (compensatorios, resarcitorios, punitorios, etc.) y los gastos administrativos, cargos, impuestos y erogaciones por todo concepto.
¿Quiénes son las víctimas? En general son personas de bajos recursos que no están en condiciones de contratar profesionales del derecho para que los defienda por créditos tomados por 10 o 20 mil pesos. Una vez que se capta el cliente y se atrasa en una o dos cuotas comienzan con las gestiones de cobro, en general tercerizados, y el modus operandi es la intimidación permanente. En general los estudios jurídicos avanzan en la justicia y son los juicios que más rápido avanzan ya que del otro lado la victima de usura no tiene recursos para contratar abogados, señala el proyecto.