El gobernador Carlos Verna anunció que presentará «un recurso» ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el DNU del presidente Mauricio Macri que permite a los grandes grupos económicos el uso de la infraestructura de comunicaciones de la Provincia y de las cooperativas pampeanas.
Se espera que sean, en rigor, dos presentaciones. En primer lugar, un recurso para declarar la inconsticionalidad de ese DNU. Y En segundo lugar, un amparo para que, mientras se defina la primera cuestión, no se aplique la nueva norma.
«Creamos Aguas del Colorado definiendo que la fibra óptica fuera propiedad del Estado Provincial. Presentaremos un recurso ante la CSJ contra el DNU de Macri que pretende pasar la infraestructura de comunicaciones del país a manos de intereses corporativos», anunció el mandatario en un tuit.
Creamos Aguas del Colorado definiendo que la fibra óptica fuera propiedad del Estado Provincial. Presentaremos un recurso ante la CSJ contra el DNU de Macri que pretende pasar la infraestructura de comunicaciones del país a manos de intereses corporativos. #DefendamosLaPampa pic.twitter.com/plk2juetSC
— Carlos Verna (@VernaGobernador) 14 de febrero de 2019
La Resolución Nº 3/19 de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aprobó un reglamento de «compartición de infraestructura», que norma el procedimiento y las condiciones relativas al acceso y uso compartido de la infraestructura pasiva de propiedad de las cooperativas y de los Estados provinciales, por parte de las grandes prestadoras de servicios de cable y telefonía celular. En definitiva, autoriza que la infraestructura comunicacional de cooperativas, municipios y provincias pueda ser usada por grandes corporaciones.
El Estado Nacional, reconociendo que la cuestión debía ser tratada y regulada mediante una ley, había enviado al Congreso de la Nación en el mes de abril de 2018 un proyecto (la llamada “Ley Corta”), por medio del cual en sus dos primeros artículos se modificaba la Ley Nº 27.078, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y se propiciaba la regulación de estos aspectos relacionados con el uso compartido de la infraestructura de las pequeñas empresas de cable y telefonía por parte de las grandes compañías telefónicas y de cable.
Ese proyecto cuenta con media sanción del Senado de la Nación y se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados. En Diputados se había logrado un texto legal consensuado con cableros, y pequeñas y medianas prestadoras de estos servicios, en otro sentido. La interpretación de los sectores afectados es que ahora, con esta resolución el Gobierno nacional, en beneficio de las grandes corporaciones de cable y telefonía celular, vulnera el derecho de propiedad, y pone en crisis la subsistencia todas las pequeñas y medianas empresas del interior del país que prestan servicios de cable y televisión y las deja a merced de las grandes operadoras del mercado.
