El fiscal general Guillermo Sancho pidió hoy que se condene a 1 año de prisión en suspenso y 2 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos al exministro de Obras Públicas, Jorge Varela, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber pedido la rescisión del contrato con la empresa Inarco en la obra del Megaestadio. Su defensor, Sebastián País Rojo, pidió la absolución. La sentencia se conocerá el jueves próximo a las 12.30.
El acusado -que se desempeñó como ministro en la gestión del exgobernador Oscar Jorge- declaró en el juicio al finalizar la ronda de testigos.
“Yo no tendría que estar acá. No podía hacer nada, si hubiese hecho algún acto administrativo para modificar el decreto de paralización, ahí si hubiera incumplido mis deberes de funcionario público. Pero el único que podía mover el expediente era el señor gobernador (Oscar Jorge)”, dijo.
“A pesar de que muchas veces se lo pedimos, no pudimos en mi período rescindir el contrato. La obra la manejaba exclusivamente el gobernador, si bien nosotros lo asesorábamos, su preocupación era querer terminar la obra”, agregó.
Bargero
El primer testigo fue el actual ministro de Obras Públicas Julio Bargero. El funcionario -que ocupaba el mismo cargo cuando se licitó y se adjudicó la obra a Inarco- dijo que la responsabilidad de no haber terminado el estadio fue de la empresa.
“Cuando se llevaba entre el 70 y el 80 por ciento se detectó un problema cuando se estaba armando la estructura del techo. Se constató que se deformaba. Eso hizo detener la obra y la contratista presentó un nuevo proyectista porque el cálculo del techo estaba mal hecho. Me fui de la gestión en agosto de 2007 y todavía no se había resuelto esto”, dijo.
¿Podía actuar el ministro aún existiendo un decreto que paralizaba la obra?, le consultó el fiscal general Guillermo Sancho.
«Entiendo que debía haber un instrumento (legal) para destrabar eso», respondió Bargero.
Ese argumento abonó la estrategia de la defensa de Varela, representada por el abogado Sebastián Pais Rojo, que al inicio del debate afirmó que la paralización de la obra fue antes de que su defendido fuera ministro de Obras Públicas y se hizo por un decreto del entonces gobernador Oscar Mario Jorge (PJ). Por lo tanto dicha paralización sólo se podía levantar con otro decreto.
«Algo había que hacer»
Luego del testimonio de Bargero los jueces escucharon a Alejandro Fabián Gigena, un abogado que integró la Comisión de Seguimiento de la obra entre 2008 y 2011.
¿Qué dijo? Que la responsabilidad fue de la empresa Inarco, puntualmente por un error de cálculo del profesional que contrató.
La defensa de Varela preguntó qué acto jurídico podía desparalizar la obra que había sido paralizada por un decreto. «Con otra medida de igual jerarquía», respondió Gigena.
¿Y está entre las atribuciones de un ministro firmar un decreto?-consultó el abogado de Varela.
-No.
Luego Gigena explicó que la paralización contractual suspende los plazos contractuales, pero el contrato «sigue vivo porque está a la espera de la continuidad de la obra». Y agregó: «Algo habia que hacer».
Otros testigos
Posteriormente declararon el exdirector de Obras Básicas, Alberto Canciani; Daniel Ucciardello, quien desde abril de 2010 a diciembre de 2011 fue director general de Obras Públicas -cargo que ocupa actualmente- y Juan Carlos Guzmán, subsecretario de Obras Públicas entre 2007 y 2011.
A su turno, el abogado Marcos Paz, exasesor legal del Gobierno de Oscar Jorge entre 2013 y 2015, desligó a Varela y al propio Jorge de la responsabilidad de no concluir el Megaestadio. «Estaban atados de manos», dijo. Y sostuvo que el enfrentamiento político entre Jorge y Verna agitó la interna en la Cámara de Diputados provincial que trabó todas las alternativas de soluciones que se plantearon.
Aseguró que la obra «no es un emblema de corrupción» y explicó que «se pagó lo que se construyó, ni un peso más».
«Fue un emblema de la inexperiencia. Se pretendió comprar un Mercedes y se pagó por un fitito”, comparó.
La acusación fiscal
El Polideportivo comenzó a construirse en el primer Gobierno de Carlos Verna y debió estar terminado en 2007, para los Juegos de la Araucanía.
Varela renunció al cargo de ministro en 2014, a punto de que desde el vernismo se le iniciara un juicio político para lograr su desplazamiento. Luego, se desempeñó como asesor del gobernador Oscar Jorge.
El fiscal general Guillermo Sancho acusó al exfuncionario del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público porque no solicitó la rescisión del contrato con Inarco, pese a que se le había vencido el plazo para terminar los trabajos del Megaestadio de Santa Rosa. Ese delito está previsto y penado por el artículo 248 del Código Penal.
“El ministro está a cargo de la gestión de la obra más allá de que acá digan que era el gobernador”, dijo en su alegato. “Algo debía hacer y no hizo. Se limitó a presentar un proyecto de ley y responder cuatro pedidos de informes”, sostuvo.
Lo que se le cuestiona es que no ordenó la rescisión del contrato cuado ya se habían vencido todos los plazos para que la empresa constructora terminara los trabajo. Finalmente Inarco fue desplazada.
Ahora, se están realizando estudios para establecer qué tipo de techo se le coloca al estadio ubicado en el Parque Don Tomás.
El tribunal que juzga a Varela está integrado por Gastón Boulenaz, Carlos Bessi y Andrés Olié.
