Un diputado nacional por La Pampa cuestionó el proyecto oficial por una nueva Ley de Telecomunicaciones. “Concentra más infraestructura pública en manos privadas al pretender otorgar bandas de frecuencia propiedad de AR-SAT. Es un retroceso en el rol regulador del Estado. Mantiene a las cooperativas en el papel secundario de operadores virtuales, no de operadores con derechos plenos”, dijo Sergio Ziliotto.
“Se vienen debates muy complejos, hay muchos intereses de por medio. Buscaremos modificar dicho proyecto e incorporar el objetivo del nuestro: que las empresas provinciales y las cooperativas accedan a licencias plenas para a la prestación de estos servicios. Son, claramente, los únicos actores que podrán regular la calidad y el precio de las telecomunicaciones. Si no, vamos a un escenario de mayor y concentración y cartelización”, expresó el legislador pampeano, que desde este año integra la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, donde se debatirán las iniciativas parlamentarias.
Argumentos del Gobierno
Este proyecto enviado al Congreso, denominado por el propio gobierno “Ley Corta”, expone grandilocuentes beneficios. “Se busca –dice- contribuir a reducir la brecha digital; promover la competencia del sector, favorecer las inversiones y dinamizar el mercado, facilitar el mejora en la oferta de servicios y su calidad, y la reducción de los precios a los consumidores y usuarios”.
“El proyecto oficial concentra más infraestructura pública en manos privadas al pretender otorgar bandas de frecuencia propiedad de AR-SAT. Es un retroceso en el rol regulador del Estado. Mantiene a las cooperativas en el papel secundario de operadores virtuales, no de operadores con derechos plenos”.
En la práctica, dijo el legislador por La Pampa, propone autorizar a las empresas de telefonía ofrecer servicios de televisión satelital, algo que hoy no pueden. “Así Telefónica y Claro podrán competir en la prestación de los denominados paquetes ‘cuádruple play’ (telefonía fija, móvil, banda ancha de internet y TV por cable). Y supuestamente competirán con el Grupo Clarín. Aunque para garantizarles el negocio a todos, el Gobierno adjudicará nuevas Bandas de Frecuencia 4G”.
Mayor concentración
Sin embargo, agregó, no incorpora nuevos actores sin fines de lucro como cooperativas y entres oficiales, dejando la calidad y el precio librados a las condiciones del mercado que fijan los privados.
Como un “gran logro y reconocimiento” al sistema cooperativo, el proyecto acota su participación a ser “Operadores Móviles de Red para Operadores Móviles Virtuales en la localidad de que se trate, para promover la competencia en la prestación de servicios y la sustentabilidad de Cooperativas y PyMEs”. Y reconoce derechos a aquellas que ya prestan telefonía fija y Tv por cable en localidades menores a 80 mil habitantes.
Vaciamiento de AR-SAT
“Lo queda solapadamente aparece en segundo plano es el intento de apropiación de las bandas de frecuencia que la Ley 27.208 asigna en forma exclusiva a AR-SAT”, alertó. “Esta norma, en su artículo 11 fija ‘Resérvanse con carácter preferencial a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT las bandas de frecuencias que se detallan en el Anexo II que forma parte integrante de la presente ley’”.
El proyecto oficial deroga ESE Anexo II (donde se detallan las frecuencias asignadas) y faculta al Poder Ejecutivo a disponer de las mismas. Ahora podrá ser asignada a los operadores privados, los únicos actores autorizados como operadores de los servicios de telecomunicaciones.
“Esta infraestructura, de una colosal importancia para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ya no será reservada para que el Estado Nacional cumpla funciones indelegables”, dijo.
Proyecto propio
Ziliotto, ante ese “desinterés oficial”, ya en septiembre del año pasado había presentado un proyecto, que establecía que parte de este paquete de bandas de frecuencia sea asignado a empresas mixtas provinciales integradas por gobiernos provinciales y cooperativas, entes claramente capacitados para suplir el vacío que no ha ocupado el Estado nacional. En esa iniciativa parlamentaria, propone que sean operadores de red, con licencias plenas de derechos y sin depender de acuerdos con las prestadoras privadas como quiere el Ejecutivo Nacional.
