Diputados de Argentina Federal, el bloque presidido por Pablo Kosiner y referenciado en los gobernadores peronistas, presentaron un proyecto de ley para frenar los tarifazos de servicios públicos atando cualquier aumento al índice de variación salarial.
El proyecto aún no fue girado a comisiones para iniciar su tratamiento. Concretamente, declara la emergencia tarifaria por dos años, desde el 1 de abril próximo, y determina que desde esa fecha cualquier aumento en las boletas de servicios no debe exceder el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), acumulado desde tres meses anteriores a la fecha de vigencia de la última actualización tarifaria hasta los tres meses anteriores a la aplicación de la nueva tarifa.
También crea una bicameral para monitorear los aumentos tarifarios y recibir informes de los organismos reguladores y las asociaciones de consumidores, encargados de pulsear con las empresas en audiencias públicas antes de cada aumento.
La iniciativa también habilita al Gobierno a negociar compensaciones por empresas distribuidoras afectadas, pero en ningún caso favorecerlas con extensiones de las concesiones mayores a 2 años y exigirles a cambio de cualquier resarcimiento renunciar a cualquier planteo judicial contra el gobierno nacional o los provinciales y locales.
El proyecto no fue girado a comisiones, pero inevitablemente en una de las que recaerá será la de Presupuesto, presidida por el macrista Luciano Laspina, que el año pasado se resistió a convocarla para tratar una iniciativa similar pero finalmente cedió ante la presión de la opinión pública, según informó el sitio La Política Online.
Aquel texto fue sancionado en el Congreso y vetado en mayo por Macri, que lo consideró una de las causas de la volatilidad financiera de país durante el resto del año.
Los diputados del peronismo federal no le entienden así y en los fundamentos de su proyecto recuerdan del fallo de la Corte Suprema que obligó a Juan José Aranguren a retrotraer los aumentos de tarifas en 2016.
Citan un fragmento que señala que el Estado debe garantizar la «universalidad y accesibilidad de los servicios públicos» y «en especial de los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de «confiscatoria».
Y consideran que no cumpliría con estos preceptos la última revisión tarifaria iniciada en octubre, anunciada por Macri antes de fin de año para aplicarse en vario tramos.