La Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional I allanó la casa de un psiquiatra que está siendo investigado porque, supuestamente, otorgó certificados médicos truchos a docentes y otros empleados estatales. Posteriormente esos empleados se fueron de vacaciones -algunos al exterior- pero siguieron cobrando su salario. Así cometieron un fraude a la administración pública.
La investigación está en manos de la Fiscalía de Delitos Económicos y Contra la Administración Pública, a cargo de los fiscales Guillermo Sancho y Micaela Sucurro.
«La casa allanada, en la calle Giachino, pertenece al médico Raúl García García. Se trata de un caso complejo, el cual demandó un tiempo mayor a los investigadores, quienes tuvieron la tarea de establecer una situación de entrega de certificados médicos que, en principio, serían irregulares o falsos», dijeron los informantes a Diario Textual.
En agosto del año pasado el fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, pidió a médicos y psicólogos de la provincia terminar con la práctica de entregar certificados con licencias por enfermedad a trabajadores estatales que no tienen ninguna afección. Para ese fin, publicó un “dossier” con las recomendaciones para los empleados y los profesionales.
Carola, en ese “exhorto” al que accedió Diario Textual, recordó que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas ha detectado numerosos casos en que agentes del Estado utilizan las “licencias médicas” -en sus diferentes modalidades- como medio para poder viajar al exterior y no les sean descontados los días. “Algunos casos involucran, incluso, el conocimiento por parte de los profesionales certificantes (médicos, psicólogos) de tal situación irregular, extendiendo un certificado a sabiendas de la falsedad y en complicidad con el agente público”, alertó.
Uno de los casos fue el de una trabajadora de la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa, quien presentó “certificados psicológicos” para justificar la inasistencia al lugar de trabajo. “La agente no sólo no estaba enferma -dijo Carola- sino que además el segundo de los certificados presentados lo presentó cuando se encontraba en el exterior, convirtiendo en un hecho imposible la constatabilidad que el profesional dejó asentado en el certificado. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas realizó la denuncia penal pero como el Ministerio Público consideró que las conductas descriptas no constituían delito, se recomendó a la agente la sanción de ‘30 días de suspensión’ a la agente en cuestión y se inició sumario administrativo al profesional en Psicología”.
