El Gobierno nacional oficializó la declaración de la emergencia en materia penitenciaria por el término de tres años, y fundamentó la medida en que el Servicio Penitenciario Federal «ha experimentado un incremento significativo en los últimos años» que llevó a la «superpoblación».
La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la resolución 184 del Ministerio de Justicia. «Según datos emanados del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, la población detenida en cárceles federales al 31 de diciembre de 2015 era de 10.274 personas, mientras que el Servicio Penitenciario Federal ha informado que los internos alojados al 13 de marzo de 2019 ascienden a 13.773″, explicó el Gobierno.
«La capacidad operativa de alojamiento ideal a esa última fecha alcanza las 12.235 plazas, lo cual determina una sobrepoblación superior al 12%», advirtió.
Además, se hace mención a que por un lado, las órdenes judiciales de fijación de cupo establecen límites rigurosos a la capacidad de alojamiento de los establecimientos penitenciarios federales, y, a su vez, las órdenes de permanencia impiden el traslado de detenidos hacia unidades ubicadas en el interior del país.
«Estas circunstancias, entre otras, obstaculizan la planificación y la gestión de la política penitenciaria y, con ello, desencadenan situaciones caracterizadas por la sobrepoblación de los establecimientos ubicados en determinadas zonas», sostuvo el Ministerio de Justicia.
La resolución ministerial crea una Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria que una vez constituida deberá reunirse quincenalmente con el objetivo de analizar la situación actual y facilitar la coordinación entre los diferentes órganos del Estado Nacional intervinientes en la materia penitenciaria federal para la elaboración de propuestas de políticas públicas.