El diputado provincial Eduardo Tindiglia pidió al juez federal Juan José Baric y otra al fiscal general Leonel Gómez Barbella que informen si autorizaron los operativos de la Policía Federal que sucedieron días atrás contra estudiantes universitarios, en Santa Rosa: los uniformados, según alertaron las autoridades universitarias, les empezaron a pedir DNI y les tomaron fotografías cuando esperaban micros para dirigirse al Campus Universitario.
El legislador solicitó conocer si esas maniobras «fueron ejecutados en cumplimiento de un procedimiento legal y bajo control jurisdiccional y/o del Ministerio Público Fiscal, o se trata de un nuevo accionar arbitrario» de la Policía.
Estos pedidos de documentación ocurrieron el miércoles 8 de mayo, en la parada de la Terminal de Omnibus del transporte de la UNLPam, donde había estudiantes y docentes esperando el servicio. En esos momentos, dijo Tindiglia, personal de la Policía Federal les solicitó los documentos de identidad y les tomó fotografías a estudiantes sin explicar qué desencadenaba este accionar.
El episodio se hizo público ese mismo día por la decana de la Facultad de Agronomía, Ana Urioste, y luego más estudiantes informaron que fueron interceptados de igual modo por la misma fuerza.
En ninguno de estos casos se informaron las razones de las solicitudes de documentación, como tampoco se informó las autoridades que estaban a cargo del operativo.
«Es prioritario -dijo el diputado- acceder a más información sobre estos episodios para entender cuál fue el objetivo de esas acciones y quien o quienes son los responsables de lo sucedido”.
“Estas circunstancias nos preocupan enormemente como funcionarios públicos, ya que presentan todas las características de actuaciones al borde o por fuera de la legalidad. Las fuerzas policiales deben actuar exclusivamente en estricto respeto de la legalidad, de los derechos de los y las ciudadanas y en obediencia a órdenes legalmente emitidas”, dijo.
“Si bien la Policía tiene la facultad de solicitar identificación a las personas, no se trata de una facultad absoluta, genérica ni abstracta, sino que debe ser ejercida en el marco de una actuación legal bajo la responsabilidad de funcionarios judiciales y con la debida justificación para el caso concreto», dijo. «La exigencia de documentación a ciudadanos en la vía pública, en forma indiscriminada y arbitraria, constituye a priori, una actuación ilegal que nos preocupa y lamentablemente no estamos hablando de un hecho aislado”, concluyó.
