Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta que está acusada de encabezar una asociación ilícita que recaudaba coimas en la llamada causa de los cuadernos, dio la sorpresa: pidió al juez Claudio Bonadio ir ya mismo a juicio oral.
¿Por qué? Porque «ante la ausencia manifiesta de un órgano jurisdiccional que en esta instancia pueda reparar» la cadena de «ilicitudes» que se llevaron adelante en el expediente, la defensa encabezada por Carlos Beraldi entendió que era «imprescindible» pasar al juicio oral para reclamar allí, «una vez más, el restablecimiento de los principios constitucionales que hacen al debido proceso legal, del que deben gozar todos los habitantes de la Nación, sin excepción alguna», según el escrito al que accedió Infobae y que fue entregado al juez Claudio Bonadio.
Con estas palabras, en medio de una campaña electoral que la postula como precandidata a vicepresidenta, Cristina Kirchner hizo su jugada en la causa. Dejó en claro que prefiere enfrentar el banquillo, como ya está haciendo ante el Tribunal Oral Federal 2 por la causa de la obra pública entregada al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, y que el caso deje la órbita del juzgado de Bonadio y la fiscalía de Carlos Stornelli.
«En condiciones normales, la posibilidad de que estas actuaciones pudieran ser elevadas a juicio, en términos jurídicos, resultaría absurda. Ello así, pues todo lo actuado es insanablemente nulo, al haberse vulnerado todas y cada una de las garantías previstas en la Constitución Nacional», sostuvo el defensor Carlos Beraldi.
En la presentación, Beraldi hizo un repaso del caso. «La causa se inició a partir de un supuesto elemento de prueba obtenido por medios ilegales: los presuntos cuadernos del chofer Oscar Centeno», afirmó. «Según fue informado, estas presuntas anotaciones habrían sido sustraídas a su titular por el ex sargento de la Policía Federal Argentina, Jorge Bacigalupo, para luego ser entregadas al periodista Diego Cabot» y luego, «el juez y el fiscal llevaron a cabo una inequívoca maniobra de fórum shopping para retener la causa sin practicar el sorteo correspondiente, en contra de lo previsto en la ley vigente», invocando «un presupuesto totalmente falso, esto es, una presunta conexidad con la causa del Gas Licuado».
«Los supuestos cuadernos nunca aparecieron y sólo obra en la causa lo que serían fotocopias de los mismos», se señaló. «Insólitamente, el juez y el fiscal habrían tenido noticias de estos supuestos cuadernos desde marzo del año 2018 y pese a tratarse de una prueba básica, recién fueron a buscarla cinco meses más tarde -junto con Oscar Centeno-, cuando el proceso había tomado estado público» y se habían ordenado las detenciones de ex funcionarios y empresarios.
Fue entonces, se añadió, cuando «Centeno habría confesado que incineró los supuestos cuadernos en la parrilla de su casa, no obstante lo cual pasó a ser considerado por los instructores como un importante colaborador en la búsqueda de la verdad». Precisamente, Centeno ya pidió su sobreseimiento para no llegar a juicio oral.
Uno de los puntos clave que tuvo el caso fue la aplicación de la figura del imputado colaborador. El primero fue Centeno, pero después se sumaron empresarios y más tarde ex funcionarios, que hicieron acuerdos con la fiscalía y lograron esquivar o salir de la cárcel, luego de que el juez validara esas declaraciones.
«Como es de público conocimiento, se realizaron detenciones arbitrarias a mansalva y se efectuó una aplicación totalmente ilegítima de la ley 27.304, la cual terminó siendo utilizada como un medio coactivo no sólo para arrancar supuestas confesiones a los imputados, sino también para manipular sus dichos, siempre en una misma dirección: imputar, como sea y por cualquier delito, a mi representada», afirmó la defensa de Fernández de Kirchner. «Así, decenas de imputados fueron colocados ante la siguiente disyuntiva: o reconocían la comisión de supuestos delitos, vinculando a la ex Presidente de la Nación con los mismos, o serían privados de su libertad por un lapso indefinido», sostuvo.