El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa absolvió este miércoles al juez de faltas de General Acha, Sebastián Sancho, a quien la fiscalía había pedido 10 años de cárcel.
El TOF, con la firma de José Mario Triputti, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido, consideró parcialmente nula la acusación de la fiscalía a cargo de Leonel Gómez Arbella.
Los jueces cuestionaron al fiscal Leonoel Gómez Arbella porque, dijeron, formuló una pedido de condena por delitos diferentes, más graves, que los delitos por los cuales Sancho y otros dos imputados habían llegado al debate.
El TOF también absolvió, con los mismos argumentos, a los otros dos imputados, Marta Silvia y su hijo Carlos, patrocinados por la defensora oficial Laura Armagno.
El fiscal federal Leonel Gómez Barbella había pedido que se lo condenara a diez años de prisión a Sebastián Sancho, al considerar que efectuó un aporte “esencial” en la comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual de al menos siete mujeres en situación de vulnerabilidad en el prostíbulo El Delfín.
Este es el juez que reabrió el prostíbulo El Delfín, que había sido clausurado luego de un allanamiento, en menos de 24 horas. En el local se habían encontrado pruebas de que había mujeres sometidas a trata.
La causa tuvo su inicio en 2011. El 11 de noviembre de ese año, luego de un allanamiento que constató la presencia de mujeres que ejercían la prostitución como víctimas del delito de trata de personas, la Justicia ordenó la clausura preventiva del prostíbulo, ubicado sobre la ruta 152, kilómetro 27,5.
De acuerdo a la acusación fiscal, el imputado dispuso en tiempo récord y sin tomar el mínimo recaudo legal el levantamiento de la clausura, lo que permitió que continuara el desarrollo de la actividad delictiva que allí tenía lugar.
En junio de 2012 el local fue nuevamente allanado, luego de la denuncia efectuada por una víctima que había recibido una agresión por parte de un “cliente” que se encontraba en el lugar. Nuevamente se corroboró la presencia de mujeres que eran explotadas, además de secuestrarse el denominado “libro de pases”, libretas sanitarias y talonarios dentro de un recipiente con anotaciones de nombres de pila femeninos, entre otros elementos de interés para la causa.