El secretario de Derechos Humanos Antonio Curciarello recibió a la médica psiquiatra de la Policía De La Pampa, Marcela Paladino, quien le informó de la denuncia que realizó en el mes de mayo por acoso y violencia laboral y de género contra su jefe, el comisario José Manuel Mendía.
En el encuentro se habló respecto a que el “Régimen del Personal Policial”, regulado por la Norma Jurídica de Facto 1034/80, vigente desde la última Dictadura, no respeta los más elementales derechos humanos.
El ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Pablo Bensusán, afirmó semanas atrás que el Gobierno Provincial quiere que antes de fin de año se apruebe la nueva Ley Orgánica de la Policía de La Pampa. Actualmente hay una legislación, sancionada en 1981, durante la dictadura militar: la Norma Jurídica de Facto 1064/81. Es una norma jerárquica y autoritaria que genera, al interior de la propia Policía, abusos a través de medidas como la disponibilidad, bajas, traslados y ascensos.
“La ley permite que situaciones de acoso como la realizada por el comisario mayor Mendía a Paladino estén protegidas y legalizadas bajo el paraguas de la disciplina y la obediencia policial”, dijo Julia Coito, abogada de Paladino, quien participó de la reunión.
Y agregó: “Esa normativa de la Dictadura es ambigua y permite a la autoridad policial considerar como desacato o desobediencia, en forma arbitraria, cualquier tipo de presentación que haga un trabajador policial. Esto es lo que le sucedió a Paladino cuando presentó una nota en la que señalaba que el comisario Mendía la había sometido a situaciones de violencia verbal, en tanto en vez de activarse un procedimiento que resguardara a la víctima generó una represalia directa que consistió en la aplicación de una sanción de arresto de ocho días. La medida fue aplicada con claras intenciones de disciplinamiento y quebrantamiento emocional de la víctima, quien hacía poco tiempo ya había padecido las nocivas consecuencias de una sanción privativa de la libertad de 6 días”.
Coito recordó que este nuevo arresto a Paladino se hizo teniendo el cuidado de no sobrepasar los días de arresto que activaran un sumario administrativo que habilitaría la participación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (artículos 59, 57 y 58 del Régimen del Personal Policial).
Los sumarios administrativos le fueron sustraídos a la Policía y pasaron al ámbito de este último organismo de control, probablemente con el objetivo de dar mayores garantías de imparcialidad al proceso, añadió la abogada de la médica policial.
Sin derechos
Coito sostuvo: “La norma que regula el Régimen para el Personal Policial no garantiza el derecho al debido proceso. Las posibilidades recursivas frente a una sanción como la padecida por Paladino tienen una recepción meramente ritual, ya que en el caso de sanciones menores el pedido de reconsideración se debe formular ante la misma persona que ejerció las facultades sancionatorias. Así, se desconocen las garantías mínimas necesarias para evitar que el procedimiento se transforme en una arbitraria herramienta de represalia, pues las sanciones directas quedan bajo control de las mismas autoridades que las aplican”.
Y añadió que el Régimen para el Personal Policial tampoco garantiza el acceso al derecho a la salud mental de los trabajadores policiales. “El mayor Mendía pretendió digitar las conductas y opiniones médicas que la médica del Servicio de Sanidad Policial pretendía aplicar bajo un estricto criterio técnico, con el argumento de obediencia al superior jerárquico que la ley Policial ordena. El artículo 20 de la normativa es lo suficientemente ambiguo como para permitir que Mendía interpretara que se encontraba investido de facultades para decidir sobre situaciones médicas en el área, por su simple condición de superior jerárquico, prolongando carpetas médicas o restringiéndolas según su propio criterio”, expresó Coito.
Curciarello se comprometió a participar de futuras reuniones que pudiera requerir la médica psiquiatra Marcela Paladino a esa dependencia para hacer aportes desde su cartera.