Las manifestaciones en Santiago y otras ciudades de Chile no pierden intensidad y este miércoles miles de personas volvieron a salir a la calle en el marco de las protestas masivas desatadas hace seis días, que dejaron hasta ahora un saldo de 18 muertos reconocidos oficialmente.
Estudiantes, jubilados, profesores, funcionarios públicos y miembros de los servicios de salud pública se unieron al llamado de los sindicatos, para movilizarse en las calles, en medio del estado de emergencia y el toque de queda que rige en el país desde hace cuatro días, en el peor estallido social en Chile en al menos tres décadas.
Tres personas, entre ellos un niño de cuatro años, se sumaron este miércoles al listado oficial de 18 muertos, cinco de ellos por acción de las fuerzas del orden.
El niño y un hombre murieron cuando un conductor en estado de ebriedad embistió su vehículo contra un grupo de manifestantes, mientras que otra persona murió tras recibir una golpiza de la policía según denuncia de sus familiares, de acuerdo al balance que entregó el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
Jaqueado por una indignación popular que parece lejos de aplacarse, el presidente Sebastián Piñera pidió «perdón» el martes en la noche y reconoció su «falta de visión» para anticipar el estallido, cambiando el tono dos días después de afirmar que había una «guerra» en el país.
El mandatario además anunció un paquete de medidas, entre ellas, mejorar las pensiones de los más pobres, suspender un aumento del 9,2% de las cuentas de la luz, complementar el salario mínimo, establecer un seguro para la compra de medicamentos y aumentar los impuestos a sectores de mayores ingresos.
También planteó reducir las dietas de los parlamentarios y altos sueldos de la administración pública, junto a la disminución del número de congresistas y limitación de reelecciones.
Pero las medidas no dejaron satisfecha a gran parte de la población. Un estudio divulgado este miércoles por la empresa Ipsos, indica que 67% de los encuestados «se cansaron de sus condiciones de vida en materia económica, de salud y pensiones», que perciben como «desiguales e injustas».
