Tres ONG’s advirtieron que la intendencia de Leandro Altolaguirre sigue incumpliendo el fallo de la Justicia provincial que pedía garantizar la accesibilidad en el transporte público de pasajeros para las personas con movilidad reducida. Dijeron que, según sus números, por multas la intendencia adeuda 10 mil millones de pesos y la empresa Autobuses Santa Fe otros 10 mil millones.
El dato lo dieron, en conferencia de prensa, Horacio Alí, presidente de la Fundación Acción; Teresa Pinto, presidenta de LiPaDi; y Mario Lonegro, presidente de la Fundación Caleuche.
El dato es que la deuda deberá asumirla el próximo gobierno, a cargo del kirchnerismo Luciano di Nápoli. «A junio eran 9.500 millones de pesos. Ahora seguro ya son unos 10 mil millones de pesos», dijeron los dirigentes de las ONG’s. Una verdadera pesada herencia que le deja el radical Leandro Altolaguirre.
La Justicia, a raíz de una presentación de estas organizaciones sociales, obligó el 28 de diciembre de 2015 a la intendencia local y a la empresa Autobuses Santa Fe a garantizar la accesibilidad en el transporte público de pasajero. Para eso debían tener micros de pisos bajo en todas las líneas de la capital.
Dio un plazo de 30 días. Si no cumplían, les fijó una multa acumulable de 2 mil pesos diarios que, actualizado, supera los 9.500 millones de pesos. «Es una fórmula de interés compuesto. Pero en ese momento no nos detuvimos en ese punto porque, en realidad, nuestro interés no era la multa: nuestro interés era que estuvieran funcionando los micros de pisos bajo», dijo Alí.
Recientemente, con nuevos abogados, hicieron los números. «La cuenta que nosotros hicimos de lo que tienen que pagar y da una suma estratosférica«, dijo. «Cada una de las partes debe 9.500 millones de pesos por incumplimiento y al mes de junio, lo que sigue aumentando día a día. Nosotros no hicimos esto por una multa o por una cuestión económica, lo hicimos por una cuestión de derechos”, sostuvo.