Un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal obligó a Vialidad Nacional a entregar información relacionada con Contratos PPP sobre distintas concesiones viales otorgadas por el Gobierno Nacional por u$s 5300 millones, ante un pedido del vicepresidente de la Cámara de Diputados y titular del PJ, José Luis Gioja.
La Sala I, integrada por los Jueces Do Pico, Heiland y Facio, revocó, por unanimidad, la decisión de la jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado N° 12 y ordenó que la Dirección Nacional de Vialidad entregue información de los contratos incluidos en el Proyecto denominado “Red de Autopistas y Rutas Seguras. Proyecto PPP Vial – Etapa 1. Ley 27.328. Corredor Vial A, B, C, E, F y Sur”.
Esta solicitud de información incluye la que iba a ser la autopista hasta Santa Rosa y que finalmente se frenó. La autopista pampeana estaba incluida en el Corredor Vial B y había sido adjudicada a la unión transitoria de empresas conformada por China Construcción América (filial Panamá) y la argentina Green S.A.
“Ese proyecto supuestamente iba a constituir una revolución en la obra pública nacional. Sin embargo, ante el rotundo fracaso de los contratos de PPP por falta de financiamiento de los contratistas, se encuentra paralizado sin que se haya construido un metro de rutas”, informó Gioja.
Asimismo, explicó que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) debería determinar la rescisión de los contratos por culpa de los contratistas con la consecuente ejecución de las respectivas garantías.
“Le mintieron a inversores y a todo el pueblo sobre las bondades de las PPP”, sostuvo Gioja y agregó: “Ahora le toca al nuevo gobierno arreglar estos desaguisados que sólo sirvieron para beneficiar a sus amigos del Club de la Obra Pública”.
La Cámara hizo lugar al pedido de Gioja, basándose en la Resolución del fiscal general, quién señaló que la información oportunamente requerida por el diputado del Frente de Todos (puntualmente, “que se provea información sobre el monto en dólares y/o pesos de cada uno de los ítems o rubros de cada uno de los contratos adjudicados”) no fue suficientemente facilitada.
“Aún en el supuesto de que los datos que solicita el actor no existieren con el detalle y exactitud que pretende, considero que tener a la vista los documentos aportados por las empresas adjudicatarias (ofertas, anteproyectos técnicos y proyectos ejecutivos) podría resultar útil a los fines de ‘conocer la forma en la que la DNV contrató bajo la modalidad de contratos de participación público privada’ y ‘descubrir los detalles de contrataciones y gastos por más de u$s 5300 millones’”, expresó el fallo.