La legislatura mendocina aprobará el martes próximo la declaración de impacto ambiental para la etapa de exploración del proyecto minero Hierro Indio. El mismo apunta a extraer hierro en Malargüe, muy cerca del límite con San Rafael y de la cuenca del río Atuel, por el que La Pampa mantiene un conflicto judicial por el corte sistemático y autoritario del caudal que hace la vecina provincia.
La empresa que está desarrollando el emprendimiento es Hierro Indio S.A., con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La preocupación pampeana radica la cantidad de agua que se va a usar y de dónde la van a sacar. Tampoco se sabe qué técnicas extractivas se van a emplear y qué van a hacer con las impurezas y demás elementos contenidos en el mineral que han de ser separados, algunos de los cuales pueden ser tóxicos, como el fósforo y el azufre.
Además, no se dijo dónde y cómo se va a disponer de los efluentes del proceso de separación, cómo van a ser tratados estos y cuál ha de ser su composición química.
El diario San Rafael informó que esta semana, en el primer piso del nuevo anexo legislativo, integrantes de las comisiones de Ambiente y Cambio Climático y Legislación y Asuntos Constitucionales analizaron la propuesta, que fue remitida por la Cámara de Diputados para que se apruebe la declaración de impacto ambiental para la fase de exploración del proyecto minero Hierro Indio, que involucra un área de dos minas ubicadas al suroeste del río Atuel, en el departamento de Malargüe.
Desde Legislatura se informó que de la reunión participaron senadores representantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, que resolvieron firmar el despacho que ingresó de la Cámara de Diputados. La propuesta se tratará el martes próximo, según informó el presidente de la comisión de Ambiente, Jorge Teves.
El informe de impacto ambiental fue remitido por el Poder Ejecutivo para su aprobación legislativa y corresponde a la etapa de exploración, en la que se determinará cuál es el potencial que tiene la cantera.
Desde el Gobierno se resalta que para llegar a esta etapa se pidieron dictámenes a los municipios de Malargüe, San Rafael y General Alvear, así como al Departamento General de Irrigación, el Ianigla y la Dirección de Recursos Naturales. Esa documentación forma parte del expediente.