El fiscal general de Delitos Económicos y contra la Administración Pública, Máximo Paulucci, acusó en la mañana de este jueves de defraudación a la administración pública a una empleada del Estado provincial por utilizar dos certificados médicos falsos para irse de vacaciones al exterior y no sufrir el descuento de su salario. También acusó a un médico cardiólogo por extender esos certificados.
La acusada es licenciada en Trabajo Social. Se desempeña en el Área de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y en el servicio de educación SAI, dependiente de la Dirección de Educación Inclusiva. «Fue formalizada por usar dos certificados médicos falsos, extendidos por su médico de confianza, y usufructuar una licencia con goce de haberes. A la fecha de los certificados, se encontraba fuera del país», dijo el fiscal.
El fiscal calificó el accionar como constitutivo del delito de Defraudación a la Administración Pública, mediante el uso de un documento médico falso.
En tanto, al médico cardiólogo se le imputó extender los dos certificados falsos. «Al no ser funcionario público y no presentar antecedentes, se solicitó y resolvió una Suspensión de Juicio a Prueba, el cual consiste en realizar tareas comunitarias, por el plazo de un año, que en razón de su profesión implica prestar servicio en salud pública», dijo el fiscal.