La Fiscalía Federal de Primera Instancia de Santa Rosa solicitó el procesamiento de Carlos Martín Montoya, el exfuncionario del Senasa que amenazó con disparar a quienes coloquen carteles en su campo de Axel Kicillof: sostuvo que cometió el delito de “incitación pública a la violencia en concurso ideal con apología del crimen”.
En septiembre de 2019, Montoya -dueño de un campo en la zona de Quehué- publicó en su cuenta de Facebook un video donde afirmaba que “iba a cagar a tiros” (sic) si veía a alguien colocar un cartel de la campaña del por entonces candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires enfrente a su campo.
En su indagatoria ante el juez federal José Baric, Montoya firmó que había varios productores amigos suyos que habían sido amenazados y que si no dejaban poner carteles “les cortaban los silo bolsas”.
El magistrado dictó su sobreseimiento y consideró que las manifestaciones que tuvo “más allá del reproche social y moral que podrían merecer” no resultaban “idóneas para alterar el estado de tranquilidad pública y paz social”. Agregó que se trataron de “expresiones generales de sus pensamientos y sentimientos” y que no configuraban ilícito penal.
La Fiscalía apeló la resolución y marcó que no debían tomarse “a la ligera” expresiones que directa o indirectamente “pueden incitar a la violencia”.
La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca revirtió la decisión del juez por considerar que se trataba de una medida “cuanto menos prematura”. Resaltó que el dictado de un sobreseimiento requería “una investigación agotada” y que se debía establecer si se trató de una manifestación aislada o si podría vincularse con “grupos violentos”.
Ahora el fiscal Leonel Gómez Barbella pidió que lo procesen. Para el funcionario, el argumento que esbozó Montoya en su indagatoria (al marcar que se había tratado de “un error”) no justifica su accionar. Al momento de solicitar su procesamiento, sostuvo que no era suficiente que borrara el video a las pocas horas o que hiciera luego un descargo. “Tampoco se ve modificado el cuadro cargoso por la supuesta amenaza que podrían haber sufrido ‘varios productores’ en atención a que, por un lado, no surge prueba alguna de que ello haya sucedido, pero por otra parte, si en rigor ello acaeció, no justifica de modo alguno el proceder de Montoya”, resaltó.
La Fiscalía explicó que el artículo 213 del Código Penal apunta al orden y tranquilidad públicos. “Cuando M. coloca la comisión de un delito como modelo de conducta a seguir por parte de una sociedad democrática de derecho, genera con su aprobación pública que dicha conducta sean imitados por terceros. De esta forma, las personas estarían tentadas a repetir dichas conductas criminales al entender que ellas son dignas de alabanza y en cierta medida no serían en sí injustas”, concluyó.
