Funcionarios del Gobierno provincial defendieron este jueves en un plenario de comisiones de la Legislatura el proyecto oficial de la Ley Integran de Gestión de Plaguicidas: admitieron que «impactará» en las prácticas en los campos, dijeron que pese a las mayores restricciones no habrá caídas de rindes de cosechas y aseguraron que, así, se «cuidará mejor» el medio ambiente y la salud de los productores rurales y de los habitantes de los pueblos.
Los ruralistas, por su parte, están en alerta: advierten de las hectáreas que quedarán fuera de producción, la trazabilidad de los bidones y la recarga de las tasas.
El subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Tittarelli, dijo que la ley tendrá “impacto” en la forma de hacer las aplicaciones de fitosanitarios en los campos y que se incrementarán los controles.
“La nueva ley va a tener impacto en las prácticas, en las distancias donde se pueden aplicar en los pueblos y en los controles: que a la hora de comprar un agroquímico, no va a ser lo mismo que ir comprar un bidón de agua mineral”, sostuvo Tittarelli.
Diputados abrió hoy, a las 10 horas, el debate del proyecto 4/2020 de Gestión Integral de Plaguicidas en un plenario de las comisiones de Asuntos Agrarios, Legislación Social y Ecología. Por el Gobierno, asistieron los subsecretarios de Asuntos Agrarios, Alexis Benini, y de Ambiente, Fabián Tittarelli. Además, hay decenas de otros expositores, propuestos por asociaciones rurales, legisladores e instituciones.
La iniciativa fue elaborada por el Gobierno provincial y busca «armonizar el desarrollo de la actividad agropecuaria con el ambiente, a través de la adopción de las más racionales y eficientes técnicas y uso controlado y adecuado de los plaguicidas para así garantizar un ambiente sano y equilibrado» en La Pampa.
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Alexis Benini, en tanto, dijo que no creía que la nueva legislación fuera a perjudicar a la producción. «Podemos entender que interfiere en su sistema de producción, pero también somos conscientes de que los productores viven con su familia en el sector rural y urbano y no querrán ver afectada la salud de ellos», expresó. «No creo que las cosechas tengan menos rindes. Se puede discutir en otro momento, me parece más importante concentrarnos en la ley. Al haber un vacío legal, la provincia necesitó implementar una nueva ley que de soluciones a todos los sectores«, dijo. «Vamos tener en cuenta la salud, el medio ambiente y por supuesto que se mantenga la herramienta teconológica», contó.
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Antes de que comience a analizarse en la Legislatura, desde el sector ruralista salieron a advertir que en caso de avanzar el proyecto oficial en La Pampa «quedarían entre 145 mil hectáreas y 150 mil hectáreas de girasol sin sembra» en los departamentos Maracó, Quemú Quemú y Chapaleufú por las limitaciones que prevé la ley a las aplicaciones. Eso sin contar a otros departamentos donde también se siembra este cultivo.
«Así como está la norma ocasiona un problema serio para producir», dijo el dirigente de la Sociedad Rural de General Pico y vicepresidente segundo de Carbap, Jorge Arocena.
El punto que preocupa a los productores es el referido a la restricción de las aplicaciones terrestres de agroquímicos: el proyecto oficial establece que podrán realizarse a 500 metros de los centros urbanos o escuelas rurales. Pero además establece que se deberá contar con la autorización municipal para aplicaciones terrestres en los siguientes 2.500 metros. Según el texto, en el caso de las aplicaciones aéreas, la limitante sería de 3.000 metros.