El Gobierno nacional derogó hoy el decreto de Mauricio Macri que creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, firmado a pocos días de dejar el poder, y restituyó el programa nacional anterior, bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Así lo dispuso a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) número 168, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández y todo su gabinete de ministros.
El decreto fue recibido con muchas críticas por parte de la oposición, ya que se consideró un contrasentido que el Gobierno proteja a testigos que acusan de corrupción a funcionarios gubernamentales.
En los considerandos, el Poder Ejecutivo recordó que la Cámara Federal de Casación Penal había expresado “su preocupación” por el decreto 795 firmado por Macri el 28 de noviembre de 2019 “’por la compatibilidad de su aplicación en relación a las atribuciones constitucionales y legales” que tiene ese cuerpo.
Por esa disposición del gobierno de Cambiemos, el sistema contemplado en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que dependía directamente del Ministerio de Justicia, había sido transformado en una nueva dependencia, con estatus de agencia y autonomía funcional del Poder Ejecutivo.
