El presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa (CPE), Alfredo Carrascal, recibió con beneplácito la desdolarización de un segmento de la generación de energía, la medida anunciada hace unos días por Nación. “Estamos en la dirección correcta”, afirmó. “Es decir, hay que poner el eje en las estructuras que son importantes en la economía del país. Que el Gobierno nacional esté estudiando las formas en las que se han vinculado las gestiones nacionales con las generadoras y transportadoras de energía nos parece una muy buena noticia”, abundó.
El cooperativista declaró que al parecer lo que se está llevando adelante es la pesificación de los pagos a las generadoras de electricidad, algo que durante la gestión de Mauricio Macri se había dolarizado. “Pagar en pesos significa el retorno a un camino más racional, con el consecuente ahorro de dólares que implica la medida. Y si bien en el corto plazo no influirá directamente en el recibo de las facturas de energía de nuestros asociados, a lo mejor sí en el mediano plazo”, se entusiasmó el dirigente.
Defendió que la gestión encabezada por Alberto Fernández esté “trabajando en los contratos” con las generadoras porque puede traer “claridad” respecto del valor de la energía, como por ejemplo develar si es razonable o no. Recordó que muchos de estos contratos, por no decir la mayoría, se suscribieron durante la segunda oleada neoliberal bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem. Allí fue cuando se privatizó el manejo de las generadoras de energía y ese proceso se terminó de consolidar ahora, durante la gestión de Macri, cuando privatizó usinas termoeléctricas levantadas en el gobierno de Néstor Kirchner. “Entonces, es difícil decir cuál es el verdadero valor de la energía eléctrica en nuestro país”, planteó.
El dirigente recordó que desde el inicio mismo de la gestión de Macri vienen sosteniendo que si las inversiones grandes en generadoras de energía se realizaron con dineros públicos, como los casos de las represas de Yacyretá, Itaipú o Salto Grande, entonces es “injusto” que después desembarquen privados a explotarlas a valor dólar como si fuesen inversiones que ellos mismos hicieron.
“Considerando que esos contratos con las generadoras se cerraron en el época de Menem no tenemos ninguna duda acerca de cuál puede ser la razonabilidad”, disparó, entrevistado en el Informativo de Canal 3.
Asimismo, dijo que también trascendió que la idea de Nación es por ahora no tocar esos contratos preexistentes, algo que suena razonable en medio de una negociación con el FMI que podría afectarse por la posibilidad de la existencia de intereses cruzados allí. “Pero no va a pasar mucho tiempo para que muchos de estos contratos puedan estar llegando a su fin dado que algunos de ellos tienen alrededor de treinta años. Si uno ve que el Gobierno nacional tiene intenciones de modificar esta forma de estructura energética, con un Estado con más injerencia, podríamos empezar a vislumbrar un cambio de fondo que implique que los costos de la energía generada por inversiones estatales sea más razonable y parte de una política del Estado”, concluyó.
Según Página/12, dentro de la tarifa que pagan los usuarios residenciales, la generación tiene una injerencia del orden del 50 por ciento. La medida tendrá vigencia para lo producido desde febrero e impactará en la generación “spot”, donde casi no hubo inversiones. Con este cambio, el costo de la generación se reducirá de los actuales 69 dólares a niveles en torno a 60 ó 62 dólares por Megavatio-hora (MWH). Para las arcas del Estado implicará un ahorro de unos 320 millones de dólares anuales. No habrá un descuento en la boleta que recibirán los usuarios pero permitirá morigerar nuevos aumentos.
