El Movimiento Pampeano de Derechos Humanos recordó los 44 de años del último Golpe de Estado en nuestro país y criticó al gobernador Sergio Ziliotto al bajar de rango la Secretaría de Derechos Humanos y nombrar en esa área a Juan Pablo Fasce, quien integrara el gabinete del exintendente de Santa Rosa, Juan Carlos Tierno. También calificó al gobierno de Cambiemos como «vendepatria».
En el documento, desde la organización se rememoró las condiciones políticas y sociales antes del 24 de marzo de 1976 y lo que ocurrió después con el gobierno militar.
Pero también tuvo párrafos acerca de la situación en La Pampa: “Es necesario señalar que consideramos que han sido desaciertos de la gestión bajar el estatus de la Secretaría de Derechos Humanos restándole autonomía, y el nombramiento a cargo de esa cartera de Juan Pablo Fasce, una persona que no ha hecho mérito alguno en materia de DD.HH., y que fue funcionario de primera línea de un gobierno represivo y judicializado por abuso de autoridad (en alusión al exintendente de Santa Rosa, Juan Carlos Tierno)”.
También se recordó que las políticas de las fuerzas de seguridad policial en La Pampa aún se rigen por una norma jurídica de facto de la dictadura. “Hacia fines del 2019, en un intento para reemplazarla, fue presentado desde el Ejecutivo un proyecto de Ley que no establece un cambio de paradigma, y no cuenta con la participación de los sectores de la sociedad civil en su elaboración. Actualmente ha sido postergado su debate, y nos mantenemos a la expectativa de que sea reemplazado por un proyecto orientado a una ley de seguridad democrática, que resguarde los derechos y garantías de la ciudadanía”, expresaron.
“Por otra parte, el Estado provincial aún no ha dado a conocer cuáles serán los objetivos concretos en materia de DD .HH. Desde las organizaciones afirmamos que:
- Deben generarse políticas contra la violencia institucional,
- Todas las normas jurídicas de facto deben ser derogadas y reemplazadas por leyes de la democracia, y
- Debe declararse a la Seccional Primera como Espacio de la Memoria”.
Juicios
Desde el MPDDHH también se remarcó que en agosto de 2019 culminó en La Pampa el segundo juicio a la subzona 14. “Las condenas fueron ejemplares, aunque no fue considerado el marco de genocidio como lo habían solicitado las querellas”.
“En esta oportunidad 14 represores fueron juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura contra 240 víctimas. Los testimonios aportados por los sobrevivientes siguen demostrando que no fuimos una isla y que aquí también se ejecutó el plan sistemático de persecución, tortura y muerte como todo el país”, enfatizó el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos.
Y enumeró: “Los represores juzgados son: Luis Enrique Baraldini, Néstor Omar Greppi, Carlos Roberto Reinhart, Antonio Oscar Yorio, Néstor Bonifacio Cenizo, Hugo Roberto Marenchino, Oscar Alberto López, Athos Reta, Osmar Pérez, Miguel Ángel Ochoa, Jorge Osvaldo Quinteros, Juan Domingo Gatica, Luis Horacio Lucero y Máximo Alfredo Pérez Onetto. Roberto Fiorucci, quedó excluido aduciendo problemas de salud y quedará impune”.
“Queremos señalar que en Bahía Blanca se está llevando a cabo el juicio por el asesinato de tres pampeanos Carlos Davit, Hugo Ardiles y Orlando Walker a manos de la AAA. Seguiremos reclamando que también sean juzgados los hechos ocurridos en La Pampa en el 75 donde se persiguió y encarcelo a estudiantes de la UTN de Pico, a médicos del Sistema Provincial de Salud y profesores de la UNLPam acusándolos de subversivos por la derecha peronista al mando de Carlos Aragonés.
Cívico – militar
En el texto, el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos remarcó las condiciones que favorecieron el golpe cívico-militar: “Cada año recordamos el contexto histórico en el que se desarrolló el último golpe de Estado en Argentina. La dictadura militar, judicial, eclesiástica y patronal, que tuvo su antecedente en el gobierno democrático de Isabel Perón con la acción de bandas armadas como la Triple A, usurpó el poder en 1976 y desató una brutal represión para lograr su principal objetivo: la instalación en el país y en todo Latinoamérica de un modelo neoliberal dependiente del FMI y EE.UU.”.
“Las fuerzas represoras contaron con la necesaria complicidad de la cúpula de la Iglesia católica y las corporaciones mediáticas y económicas para llevar adelante un genocidio, el aniquilamiento de un grupo nacional político, única manera de imponer dicho modelo contra los millones de trabajadorxs, estudiantes, militantes, compañeras y compañeros organizadxs que luchaban poniendo en riesgo su vida, por un proyecto de país soberano y con justicia social”, se agregó.
Además, se rememoró la lucha inclaudicable de Madres, Abuelas, sobrevivientes, familiares, organismos de Derechos Humanos y militantes del campo popular, que logró instalar la importancia de los juicios de lesa humanidad en el camino de la búsqueda de la Memoria, Verdad y Justicia, y en el que se sostuvo justificadamente que en nuestro país se cometió un genocidio que se cobró la vida de 30.000 compañeras y compañeros detenidos/desaparecidos y desarticuló, de esta manera, la teoría de los dos demonios.
“La última dictadura golpeó a nuestro país dentro de un plan sistemático de colonialismo para toda América Latina, diseñado, asistido y financiado por el imperialismo yanqui que necesitaba controlar su ‘patio trasero’. En la actualidad, el mismo imperialismo arremete contra las democracias de la Patria Grande ‘que no le lamen las botas’, y ejecuta golpes de Estado con militares o golpes blandos, lawfare, judiciales y mediáticos”.
“Al mismo tiempo, los grandes medios de comunicación operan para generar malestar mediante mentiras u ocultamientos y hasta se atreven a decir que las democracias no son viables en América Latina. Dirigen estas acciones golpistas contra la República Bolivariana de Venezuela que resiste sus ataques en forma permanente, pero ya lograron su objetivo contra el hermano pueblo de Bolivia mediante la acción conjunta de grupos militares, matones fascistas armados y la más grande impunidad dada por Donald Trump, la OEA y la Unión Europea. ¡Vienen por todo!”.
Justicia
La organización pampeana destacó que aún hoy los hijos e hijas nacidos durante el cautiverio, más de 400, permanecen apropiados por los ejecutores del terror. “Hasta que no aparezcan todxs, parte de nuestra historia estará signada por la ausencia, la mentira y con el derecho esencial a la identidad negado”.
“Insistimos con el pedido de cárcel común para todos los genocidas que hoy gozan de la prisión domiciliaria en todo el país. Y muy especialmente porque el Poder Judicial, en forma paralela al otorgamiento de estos beneficios a los represores, mantiene encarcelado a militantes sociales y políticos sin juicio previo. Por ello exigimos poner fin a la doctrina (Martín) Irurzún, liberando a nuestros presos políticos y generando una gran transformación que ponga a la Justicia del lado del pueblo”.
También se hizo mención a la actual gestión nacional: “A fines de diciembre de 2019 asumió el nuevo gobierno de Alberto Fernández, que deberá enfrentar una deuda externa impagable que ahoga la economía, los grupos financieros concentrados que accionan junto a la embajada de EE.UU. no dudarán en generar desestabilización si no se ven favorecidos en sus negocios extractivistas. Por otro lado el pueblo empobrecido luego de cuatro años de hambre miseria y represión, se encuentra más organizado y demanda políticas públicas de trabajo y producción que permitan recuperar la justicia social”.
“La violencia en todo el país, hoy tiene el sello de la xenofobia y el gatillo fácil que el gobierno del expresidente (Mauricio) Macri y la exministra de seguridad Patricia Bullrich alimentaron y promovieron junto a los grandes medios de comunicación. El suyo fue el gobierno más represor y asesino de la democracia con un caso de muerte en manos del Estado cada 21 horas”.
“Reconocemos que la actual ministra de Seguridad, Sabrina Frederick que cuenta con una gran formación humanística, deberá enfrentar y controlar el aparato represivo heredado, que ha reproducido durante años el odio de clase y mantiene a las policías estructuradas con una lógica militar, que vigila y castiga a los sectores populares”.
“Hoy, al igual que en el año 1976, un mismo modelo neoliberal se aplica en la Argentina, a partir del gran endeudamiento del país y las presiones del FMI. Exigimos que la deuda sea auditada porque ha sido una estafa planificada por un gobierno vende patria como el de la Alianza Cambiemos. Será muy duro salir de esta situación y no lo haremos de rodillas”, remarcó el texto.