El ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, también dijo que echarán a los policías que cometan abusos en medio de la cuarentena obligatoria.
Dijo que en un mes se iniciaron diez causas penales contra policías, dos de las cuales dos ya fueron desestimadas y archivadas.
El ministro detalló que en el lapso de un mes se controlaron 150 mil personas, 120 mil vehículos y se iniciaron 6.826 causas judiciales.
«La mayoría de las denuncias por abusos policiales fueron iniciadas de oficio por el Ministerio Público Fiscal. En toda la Provincia se investigan ocho”, sostuvo.
No solo se trata de denuncias por apremios ilegales. También investigaciones por malos tratos de los uniformados.
Los hechos generaron la alarma y el repudio de organizaciones sociales y políticas. Incluso de diputados del bloque oficialista.
Esta semana el gobernador Sergio Ziliotto sentó posición sobre el tema. «No nos va a temblar la mano para sacar a los malos policías de la fuerza y resguardar a los buenos policías», dijo. Hoy el ministro usó la misma expresión. Y afirmó que se actuará “inflexiblemente” cuando se compruebe cualquier tipo de exceso.
De esta forma puso «en valor» el accionar de la Policía provincial que desplegó 2.400 efectivos en el territorio para hacer cumplir la cuarentena dispuesta por decreto del Gobierno Nacional, al que adhirió la provincia de La Pampa.
El aislamiento social, preventivo y obligatorio se dispuso el 19 de marzo, después que la Organización Mundial de la Salud declarara el brote del nuevo coronavirus como una pandemia.
“Desde esa fecha hasta hoy –precisó el ministro- controlamos 150 mil personas, 120 mil vehículos, se iniciaron 6.826 causas judiciales y recibimos diez denuncias contra el accionar policial, dos de las cuales ya fueron archivadas judicialmente”.
Asimismo puntualizó que la Jefatura de la Policía envió a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas el expediente sobre las actuaciones que derivaron en la denuncia, para que desde ese organismo se investigue el desempeño de los policías y se determine si incurrieron o no en faltas administrativas o disciplinarias, según las previsiones legales vigentes.
“En este tipo de procesos – agregó- interviene además la Secretaria de Derechos Humanos, desde donde nos cursaron diez notas dirigidas al Ministerio de Seguridad para que informemos sobre las denuncias receptadas en el organismo o difundidas por medios periodísticos o redes sociales”.
