Dos hombres fueron condenados hoy a dos años de prisión porque robaron dos vacas en Toay y rompieron en tres oportunidades la cuarentena obligatoria.
Alejandro Gabriel D. (23 años) y Germán Ezequiel R. (25) fueron condenados a dos años de prisión de cumplimiento efectivo y de ejecución condicional, respectivamente, por abigeato agravado por haberse realizado con el ejercicio de fuerza, en las condiciones previstas por el delito de robo, en calidad de coautores y en grado de tentativa, en concurso real con violación a las normas sanitarias en tres ocasiones.
Alejandro D. recibió una sanción efectiva porque el 2016 había sido condenado a seis meses de prisión en suspenso, por lo que se le revocó esa condicionalidad y se le impuso una pena única y compuesta de dos años de prisión.
¿Cuáles fueron los hechos? El 25 de marzo pasado, a la madrugada, intentaron sustraer dos vacas de crías de 450 kilos que estaban en un establecimiento agropecuario de Toay. En esas circunstancias fueron sorprendidos por dos policías, que estaban realizando un patrullaje a pie, quienes lo vieron arriando los animales hacia una aguada del propio predio, informó el área de Prensa de la Justicia.
Los policías dieron la voz de alto y Germán R. reaccionó y atacó a un uniformado con un cuchillo: le ocasionó una herida en la mano izquierda. No obstante, los imputados pudieron ser detenidos. A la mañana pudo constatarse que las vacas Aberdeen Angus negras habían sido lastimadas con un cuchillo.
Además esa fue la tercera vez que ambos acusados incumplieron con el aislamiento preventivo, social y obligatorio: ya habían sido identificados y advertidos por la policía de la Seccional Quinta, los días 20 y 21 de marzo, caminando por la vía pública sin ningún justificativo.
La sentencia fue dictada por el juez de control santarroseño, Carlos René Ordás, en una causa que se resolvió por juicio abreviado, acordado entre el fiscal Facundo Bon Dergham, el defensor oficial Martín García Ongaro y ambos imputados. Con relación a las víctimas, el policía dio su consentimiento; mientras que el propietario del inmueble pidió que se le imponga a Raeburn una orden de restricción hacia él y su campo, porque como vive cerca de su domicilio, de seguir en libertad podría volver a intentar sustraerle animales.
Finalmente, el magistrado, además de los dos años en suspenso, le impuso como reglas de conducta por dos años, fijar domicilio y someterse al control del Ente de Políticas Socializadoras.
