El fiscal federal subrogante de Santa Rosa, Leonel Gómez Barbella, ya abrió una causa penal contra los jueces provinciales Martín Saravia y Mauricio Pascual, a quien investiga si cometieron el delito de abuso de autoridad cuando recientemente ordenaron al Servicio Penitenciario Federal (SPF) la prohibición de nuevos ingresos de presos que no sean pampeanos en la Unidad Penal 4 de Santa Rosa.
“El fiscal formuló esta semana ante la jueza federal subrogante María Gabriela Marrón un requerimiento de instrucción, que es uno de los modos en que se inicia una investigación penal. La magistrada, frente a eso, delegó esa investigación en el fiscal. La causa, así, está en manos del fiscal”, dijeron fuentes judiciales a Diario Textual.
El conflicto entre la Justicia provincial y la federal comenzó inmediatamente después del fallo de Saravia y Pascual. Las autoridades del Servicio Penitenciario Federal comunicaron el tenor de la resolución a los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF). Poco después, Pablo Díaz Lacava, presidente del TOF, “puso en conocimiento” de esta situación al fiscal Gómez Barbella para que analice si los dos magistrados de la provincia habían cometido el delito de abuso de autoridad.
¿Cuál es la discusión? La Justicia Federal sostiene que dos jueces provinciales no pueden darle una orden a un organismo federal, como el SPF.
No es lo que piensan Saravia y Pascual. Tampoco otros jueces, fiscales y defensores provinciales, que salieron a respaldarlos.
Los jueces provinciales recordaron en su fallo que en el año 2007 el Gobierno Provincial y el Nacional firmaron un convenio, que luego se convirtió en ley, en el que estableció un cupo de 180 plazas para pampeanos en la Colonia Penal, mientras el Gobierno local avanzaba en modificaciones por un monto de 10 millones de peso. Concluidas las obras, la provincia tendría un cupo de 300 plazas. Recién a partir de ese número, el SPF podía disponer si otorgaba o no más lugares. Pasados 10 años sin que el SPF cumpla con el convenio establecido, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Gobierno Provincial firmaron una “adenda”, donde la cartera nacional se comprometió a asignar el Instituto Correccional de Mujeres (U13) para alojar internos e internas procesados o condenados pampeanos. Ninguno de los acuerdo se cumplió. «Debería haber 300 presos pampeanos en la Colonia Penal y solo hay 99», sostuvieron.
En su resolución, Saravia y Pascual recordaron que hace años insisten “hasta el hartazgo” ante los poderes judicial, ejecutivo y legislativo para que el Servicio Penitenciario Federal cumpla con los compromisos legales asumidos.
Dijeron que hasta el día de la fecha existen alrededor de 220 pampeanos con condena firme que cumplen pena “de manera ilegal, en establecimientos policiales, hacinados y en condiciones infrahumanas”.
Por eso resolvieron “ordenar al Director de la Unidad 4 local la prohibición de nuevos ingresos de procesados y/o condenados que no deriven de la justicia ordinaria provincial, hasta tanto se dé cumplimiento al convenio suscripto entre el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional con fecha 12 de septiembre de 2007, hasta alcanzar la totalidad de las plazas allí consignadas”. Y lo mismo hicieron con la U13 de mujeres hasta que se dé cumplimiento a la adenda suscripta al convenio marco referenciado.
