Dos diputados provinciales del Frepam, Patricia Testa y Abel Sabarots, salieron al cruce del fiscal Máximo Paulucci por su pretensión de archivar la denuncia penal contra el exgobernador Oscar Mario Jorge (PJ) por la negociación de la licitación del Acueducto del Colorado Norte, entre Santa Rosa y General Pico. Respaldaron al fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, quien se opone a que el caso se cierre.
La información se conoció el martes último, luego de que lo revelara Diario Textual.
“Es llamativo que el Poder Judicial y específicamente el Fuero Penal, pueda ser expeditivo y resolutivo en causas que involucran a cualquier ciudadano, pero cuando se trata de delitos contra la Administración Pública y sus funcionarios, tarde en resolverlas y lo que es peor, puedan estar teñidas de oportunismo”, dijeron los legisladores en un comunicado.
“Vemos con preocupación que el Ministerio Publico Fiscal, a través del Fiscal General de Delitos Económicos y Contra la Administración Pública, Máximo Paulucci, se haya tomado casi dos años para archivar las actuaciones y no lleve adelante el proceso de investigación”.
Artimaña
Recordaron que el Decreto N° 34/13 dictado por el exgobernador Jorge fue utilizado como una “artimaña para burlar las atribuciones que eran propias del Poder Legislativo, órgano del estado competente para modificar lo sustancial de aquella licitación”.
“Compartimos el criterio formulado por la FIA que consentir que el Poder Ejecutivo pueda absorber atribuciones propias del Poder Legislativo, como es modificar las condiciones sustanciales de una licitación a través de un Decreto como lo fue el 34/13, es un precedente grave, y cuando estos fueron efectuados por funcionarios con basta experiencia en la Administración Pública”, afirmaron.
Continuidad de la investigación
“Habiendo tomado conocimiento los términos de la oposición formulada por la FIA para evitar el archivo de las actuaciones es que instamos al Ministerio Publico Fiscal se avoque y continúe con la investigación, todo ello para demostrar a la sociedad que existe una verdadera administración de justicia, independiente e imparcial”, reclamaron.
La denuncia
La FIA había denunciado el 3 de octubre de 2016 la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y falsedad ideológica por parte de los funcionarios provinciales firmantes del Decreto 34/2013. Uno de ellos era el propio Jorge. Los otros eran los ministros Sergio Violo (Hacienda) y Jorge Varela (Obras Públicas).
Esta fiscalía le apuntó a los funcionarios provinciales por seguir con las negociaciones para la construcción de un acueducto a pesar de que la empresa ganadora, la UTE formada por las firmas Supercemento y la brasileña OAS, no cumplió con el primer contrato que la obligaba a aportar el financiamiento.
La obra, igual, nunca se hizo. Sin embargo,para la FIA hubo un “ardid” y un perjuicio, el monto del 10% de adelanto financiero que aun reclama Supercemento.
La FIA aseguró que se violaron las leyes de obras Públicas Nº 38, la de Contabilidad Nº 3, la del Tribunal de Cuentas Nº 513/69 y la Ley Orgánica de la Asesoría Letrada de Gobierno.
El fiscal Paulucci, en tanto, argumentó, para pedir el archivo, que las irregularidades en el expediente “fueron manifiestas” (“teniendo la publicidad que se le ha dado al trámite de adjudicación”, dijo el fiscal) pero que no deben ser alcanzadas por el Derecho Penal.
