La Justicia provincial, basándose en las Reglas de Brasilia, buscó hoy agilizar los plazos procesales para que la Provincia, la Municipalidad de Santa Rosa y la empresa Ilka Construcciones –sin conculcar ningún derecho que pueda corresponderles– cumplan con la sentencia dictada en la demanda por daños y perjuicios promovida por Sergio García.
Este mecánico, que quedó parapléjico hace ocho años luego de caer a una zanja mal señalizada en Santa Rosa, se encuentra hace dos años acampando en el Centro Judicial, en reclamo para que le paguen. Esta semana, incluso, inició una huelga de hambre.
La jueza de primera instancia María del Carmen García, titular del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería N° 2 de Santa Rosa, citó a una audiencia a los abogados de las partes para solicitarles que tengan a bien contribuir a la agilización de dichos plazos. Para ello se basó en lo que establecen las Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, un texto que en el país tiene rango constitucional.
Específicamente hizo hincapié en los artículos 3 y 38 y en el acuerdo 3117, por el cual el Superior Tribunal de Justicia adhirió a ese documento. Esos artículos describen quiénes son esas personas y prevén, entre otras cosas, que cuando las circunstancias de vulnerabilidad lo aconsejen, se otorgará prioridad en la atención, resolución y ejecución de esas causas por parte de los órganos del sistema de justicia.
En los hechos, la jueza García ya las había aplicado al practicar rápidamente la planilla de liquidación final de capital e intereses en concepto de indemnización a favor de García –fijando un pago total a la fecha de 12.927.922 pesos– y resolver una serie de impugnaciones, sin necesidad de esperar que se cumplieran los plazos máximos.
En la reunión de hoy, tanto la Provincia como la Municipalidad de Santa Rosa anticiparon que no apelarán esa resolución; mientras que los abogados de Sergio García y de Ilka Construcciones sí lo harán. No obstante, el tribunal y los abogados convinieron -de común acuerdo– acortar ostensiblemente los tiempos procesales para la interposición de esos recursos, e incluso la magistrada ya anticipó que se los concedió para que esa liquidación pueda ser revisada por la Cámara de Apelaciones.
El fallo condenatorio, dictado por la jueza García y ratificado por la Cámara de Apelaciones con una mejora en los montos, está firme porque los demandados no presentaron recursos extraordinarios. El resarcimiento por capital es de 3.590.000 pesos y el resto corresponde a intereses.
Esa suma por el capital ya es inmodificable y si las partes no lo han abonado hasta ahora, la responsabilidad de promover su cobro le corresponde al propio actor, es decir a Sergio García, y no al Juzgado, según lo establece el Código Procesal Civil. No obstante, las partes siguen cuestionando -y están dentro de los plazos legales- conceptos relacionados al período o forma de cálculo de los intereses.
Cuando García dictó el fallo de primera instancia dio por probado que el 1 de abril de 2011, entre las 21.30 y las 22, Sergio García se conducía en su moto Corven por la calle Arriaga y al llegar a Ferreira “se encontró con un montículo de tierra y un pozo abierto que agarró de lleno, impactando contra el mismo cuando trató de saltarlo, produciéndose el accidente de tránsito” que le ocasionó ‘lesiones gravísimas’. A raíz de ello el hombre sufrió una incapacidad física-neurológica permanente de un 90 por ciento y quedó parapléjico.
