El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, aseguró este lunes que el Gobierno Nacional busca «el cumplimiento de la ley» en materia de protesta social, al término de la reunión de gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada.
“No endurecemos, pero queremos que se aplique la ley y que todos puedan participar de sus libertades”, expresó el funcionario con relación al proyecto de reforma del Código Penal que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso.
Finocchiaro fue vocero del encuentro celebrado hoy, junto a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que también se refirió al tema.
La funcionaria dijo que si bien no conocía a fondo el proyecto, lo importante es separar dos temas: “Por un lado con lo que tiene que ver con el trabajo de asistencia de acompañamiento social para quienes están en situación de vulnerabilidad, y que acompañamos en forma directa”.
“Y por el otro lado lo que tiene que ver con situaciones extorsivas como son cortes de calles, y ni hablar de las delictivas como la de arrojar piedras”, completó Stanley.
Proyecto
La semana pasada trascendió el interés del gobierno de Mauricio Macri de impulsar una reforma al Código Penal y se estima que los dos puntos que van a generar más polémicas del texto, redactado por un equipo liderado por el camarista Mariano Borinsky, son los referentes al aumento de las penas por cortar el tránsito vehicular y la creación de un delito de incumplimiento de la prohibición de ingresar al país para los migrantes.
El tratamiento de la reforma del Código Penal puede alargarse, dado que el actual se sancionó en el año 1921. La comisión que lideró Borinsky trabajó el anteproyecto durante un año y medio que amplía los artículos de 320 a 540 y aglutina leyes con contenido penal que estaban dispersas dentro del reglamento, publicó el diario Perfil.
El proyecto sube la escala penal de un máximo de dos años a entre seis meses y tres años de prisión por “detener o entorpecer” la marcha de medios de transporte público o automóviles privados sin autorización.
El corte no constituiría delito únicamente si interrumpe el tránsito de privados con el permiso del Estado.
Piquetes
Las marchas y movilizaciones con cortes por parte de sindicatos, organizaciones sociales y fuerzas político-partidarias aumentaron en los últimos meses. Esta agitación social es una de las preocupaciones del Gobierno Nacional para lo que queda de año, especialmente de cara a diciembre, agregó el portal porteño.
Según el último informe de Diagnóstico Político, tras el pico anual registrado en septiembre, en octubre los piquetes experimentaron una baja de 21% a nivel nacional.
“Se registraron 473 en todo el país. En relación a igual mes del año pasado, la caída fue mucho menos significativa, apenas 2%. En lo que va de 2018 hubo 4.927 piquetes, contra 4.179 de igual período de 2017 (+18%)”, publicó Perfil.
Cuando restan dos meses para concluir el año, sigue siendo sólida la tendencia de que 2018 superará holgadamente a 2017 en materia de piquetes.
Además, el proyecto de reforma del CP tendrá una nueva figura agravada para los migrantes que usan documentación falsa y para quienes incumplan la prohibición de reingresar al país tras una expulsión por sentencia condenatoria judicial, en cuyo caso se contemplará una pena de entre uno y cuatro años de prisión. Este último caso actualmente no es considerado delito.
