El concejal santarroseño Miguel Bravo (UCR en Cambiemos) dijo que “lamenta” haber presentado el proyecto de ordenanza para colocar cámaras de videovigilancia en los transportes públicos. Fue luego de la visita del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, Juan Pablo Meaca, quien advirtió sobre la «revictimización» y «vulneración de derechos» a partir de la difusión de imágenes.
“Lamento haber hecho esta ordenanza. Es como tener un perro guardián, sacarle los dientes y sentarlo en el patio”, comparó Bravo.
Cuestionó que los propietarios de los taxis no puedan tener acceso a las filmaciones y hacerlos incurrir en gastos con la adquisición de los equipos. “Lo hice por una cuestión totalmente preventiva, pero de esta manera no creo que sirva”, dijo.
Bravo pronunció estas palabras en la Comisión de Administrativa y Reglamentaciones, adonde asistió Juan Pablo Meaca, titular de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
El funcionario fue convocado para que de su parecer sobre el proyecto que impulsa la colocación de cámaras de videovigilancia en los transportes de pasajeros, tanto públicos como privados, tales como taxis, remises, transportes escolares y colectivos urbanos.
Meaca consideró que las cámaras son “un elemento de soporte que sirve para la protección de derechos”, pero advirtió que se debe legislar teniendo cuidado de que su uso no se vuelva en contra de la propia víctima.
“Es una buena ordenanza a la que le haría un retoque en un artículo para que la información sea encriptada y resguardada para que solamente tengan acceso jueces, fiscales y autoridades competentes que investiguen la comisión de un delito”, dijo Meaca.
Consideró que en el caso de darle acceso a las imágenes al propietario del taxi “debería quedar muy en claro que se hace responsable del uso que puedan hacerse de esas filmaciones”. Insistió en que se trata de “una muy buena ordenanza que servirá para brindar seguridad también a las empresas y a los propietarios” ya que se podrán “despejar todo tipo de dudas” en el marco de una investigación.
“Lo que habría que dejar resguardado es el soporte, dónde queda la imagen, quién lo maneja, porque cuando toman estado público es muy difícil evitar su circulación por las redes sociales o los medios de comunicación”, afirmó.
“Se puede penalizar a un medio de comunicación por el uso de esas imágenes, pero no se puede parar la circulación virtual tan fácilmente, por lo que se incurre en la revictimización y vulneración de derechos”, alertó.
