El fiscal federal Leonel Gómez Barbella pidió este lunes al Tribunal Oral Federal que el intendente de Macachín, Jorge Cabak (PJ), sea condenado a 6 años de prisión y se le imponga una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por haber sido, según sostuvo, partícipe necesario del delito de trata de personas porque permitió el funcionamiento de un prostíbulo, La Chicho Show, donde se explotaba sexualmente a mujeres. «Se da un caso de ‘manual’ de trata de personas», dijo frente a los jueces. En los próximos días se conocerá la sentencia, en medio de un juicio que pende de un hilo porque se perdieron decenas de grabaciones.
Cabak, antes de los alegatos del fiscal y los defensores, declaró y descargó la responsabilidad en los concejales. «Yo siempre quise cerrar el cabaré», aseguró. «Yo nunca violé una norma. Pero nunca tuve las herramientas para cerrarlo. Las herramientas las tenía el concejo deliberante», dijo.
La misma pena, de 6 años, pidió el fiscal al excomisario del pueblo, Hugo Mario Iglesias. También dijo que cometió los delitos de incumplimientos de los deberes de funcionario público y de partícipes necesarios del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
Otro de los principales acusados es el dueño del prostíbulo, Luis Daniel De Luca -hoy radicado en Mar del Plata y con una agencia de quiniela-. Le pidió al tribunal que sea condenado a 7 años. También solicitó 7 años a otro de los dueños, Esmundo “Dito” Blas -exconcejal de Macachín y actualmente residiendo en Bolívar, donde tiene un restaurante-.
En tanto, reclamó 5 años de prisión a Leandro Otero -transportista de Macachín-, Maximiliano De Luca -hijo de Luis Daniel, que trabaja en Mar del Plata- y Oscar Moya -remisero de la localidad-.
La Chicho Show es un recordado prostíbulo que funcionó hasta 2011. Era propiedad de De Luca, junto a otros socios.
El predio era de una hectárea: había una docena de casas mas el prostíbulo, que tenía una barra y cuatro habitaciones donde se hacían los «pases».
Allí, incluso, hace un año se realizó una excavación en búsqueda de posibles restos de Marita Verón, la joven tucumana que cayó en manos de una red de trata y permanece desaparecida.
Grabaciones
El TOF, antes de resolver la sentencia, debe establecer si anula un parte de la acusación: es que desaparecieron 36 casetes con las grabaciones telefónicas que constituyeron las principales pruebas contra los imputados. Solo quedaron las transcripciones escritas.
Patricia
El fiscal, en su alegato, recordó el testimonio de Patricia, una joven tucumana que terminó siendo explotada sexualmente. «Vine con la promesa de trabajar de empleada doméstica y terminé siendo prostituida», dijo la víctima en la instrucción de la causa. Ahora, para declarar en este juicio, no pudo ser ubicada.
Sostuvo que llegó a La Pampa en 2006. Su pareja, Raúl, había sido detenido. «Tenía una nena de dos meses y no tenía trabajo», sostuvo. «Mabel, una amiga de mi pareja, me ofreció el trabajo».
Viajó en un colectivo Andesmar hasta Santa Rosa. De la capital fue trasladada en auto a Macachín.
Comenzó limpiando el prostíbulo todos los días a la semana. Su pareja llegó después: hacía tareas de mantenimiento del predio, como cortar el césped y la pintura.
La situación no era la mejor y se endeudaba cada vez más y más: le cobraban la electricidad, la comida y todos los elementos de higiene. Incluso le otrogaban préstamos, que la hundían cada vez más. En enero de 2009 fue obligada a prostituirse, en un cabaré de Salliqueló, también propiedad de De Luca. Contó que no la dejaban salir del local. Luego regresó a Macachín. Sostuvo que De Luca y Blas eran quienes la obligaban a prostituirse.
Patricia contó que los llamados «pases» tenían diferentes precios: 100 pesos la media hora, 150 los 40 minutos y 200 la hora.
Dijo que podía viajar a Tucumán. Pero nunca junto a su marido. El debía quedarse.
También manifestó ver a chicas de 15 años en el prostíbulo. «La mayoría estaba endeudada», dijo. Además dijo que a las extranjeras -había dominicanas y brasileñas- les retenían los pasaportes.
Dijo que a todos los lugares los trasladaba Moya, el remisero. Era además el encargado de gestionar las libretas sanitarias en el hospital y la municipalidad.
Patricia dijo que finalmente logró escaparse. «Me fui en un remís a Doblas, donde me encontré con mi marido», dijo.
Puntajes
Patricia, dijo el fiscal, contó que los dueños de los locales le ponían «puntuación» a cada mujer. «Hasta 6 puntos de quedaban en Macachín. Si tenían 7 puntos las llevaban a provincia de Buenos Aires», contó en su declaración que había realizado en la instrucción de la causa.
