El presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa (CPE), Alfredo Carrascal, se pronunció respecto del reciente decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri que habilita la transferencia hacia el sector privado del espacio radioeléctrico reservado para la estatal Arsat. “Encierra el apetito de las grandes prestatarias de disponer de mejores frecuencias para elevar sus servicios de telecomunicaciones”, disparó el dirigente.
“No es un decreto que esté resolviendo el problema de las cooperativas, ni mucho menos. De hecho, en estos días lo hemos escuchado al delegado de Macri en La Pampa (NdR: el precandidato a gobernador por el Frente Cambiemos, Carlos Mac Allister) decir justamente todo lo contrario, con lo cual qué expectativas podríamos tener”, se preguntó.
El titular de la CPE recordó que la firma del DNU desembarca luego de que Nación no pudiera sancionar la denominada “ley corta” durante el período legislativo 2018, ante la resistencia de sectores del peronismo a la privatización de frecuencias de ARSAT.
“La ley corta planteaba muy escuetamente que las frecuencias que estaban en Arsat pasaban a disponibilidad del Poder Ejecutivo, que las iba a poner a disposición del mercado. Hubo una resistencia fuerte de parte de algunos legisladores y desde el movimiento cooperativo se planteó la necesidad de hacer reserva para que no caigan (las frecuencias) en la bolsa del mercado”, dijo.
El cooperativista declaró que durante el tratamiento también se pidieron plazos para poner a disposición de los emprendimientos regionales y las cooperativas esas frecuencias para operar telefonía móvil que eran de Arsat. Pero concluyó el año y no se terminó de resolver el tema. “Desde un principio sospechamos que en realidad la ‘ley corta’ se debería haber llamado “ley Telefónica” porque fue una normativa que se trató de apuro en el contexto de la visita del por entonces presidente de España (Mariano) Rajoy, por lo que había que darle alguna concesión a las telefónicas españolas que veían cómo la fusión de Cablevisión-Multicanal los apartaba del negocio”, explicó Carrascal.
Si bien aclaró que aún prefieren no otorgar una opinión definitiva hasta tanto los asesores de la entidad solidaria terminen de analizar todos los alcances del DNU, consideró que hasta ahora Nación viene resolviendo los problemas de las grandes comercializadoras de señales. “A nosotros, en cambio, nos reservan un veinte por ciento del espectro sin fechas de entrega y, en realidad, sospechamos que esto encierra el apetito de las grandes empresas de disponer de frecuencias para mejorar sus servicios”, sostuvo en Noticiero 3.
Entre otros puntos, el decreto presidencial otorgó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) la potestad de asignar frecuencias a operadores privados. La decisión favorece a las compañías de telefonía móvil, que vienen reclamando más frecuencias. A la vez, implica la privatización de ARSAT y contradice una norma previa que determinaba que el Congreso es el que tiene que aprobar la entrega de derechos satelitales de la empresa pública. “Queremos ver si en rigor la disponibilidad de frecuencias las puede hacer el Ejecutivo porque si hay una ley que determina que es el Poder Legislativo el que tiene esa potestad nos parece que es una debilidad jurídica que lo haga el Ejecutivo”, indicó. “Nos preocupa que esta modificación salga por DNU”, concluyó.
