El presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, apartó al juez federal Sebastián Casanello de la causa que investiga los aportes irregulares de Cambiemos en las últimas elecciones. Fue a raíz de un planteo de Pablo Clusellas, secretario general de la Presidencia y apoderado del PRO.
Según Irurzun, el camino emprendido por Casanello «se presenta errático» y «el sendero que ha transitado no sólo ha aportado aún más confusión al trámite de este proceso sino también al de aquellos que se encuentran en conocimiento de la jurisdicción provincial –en particular, en los Juzgados n° 1 y n° 3 de la localidad de La Plata-, dificultando de ese modo el correcto ejercicio de la jurisdicción».
Se dispuso así declarar la nulidad de una de las resoluciones del juez y se ordenó su apartamiento, para que otro juez investigue el caso, publicó el portal Infobae.
¿De qué expediente se trata? De un remanente de la investigación que había quedado en manos del magistrado en donde se buscaba analizar a empleados de empresas contratistas del Estado en la ciudad de Buenos Aires que figuraban entregando dinero en las campañas de 2015 y 2017.
Pero esta parte de la investigación no irá a la Justicia de la provincia de Buenos Aires, como ocurrió en octubre con la primera parte de la causa que tuvo que resignar Casanello.
En esta ocasión, la causa se quedará en Comodoro Py 2002. El presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, dispuso que el tema sea enviado a sorteo para que un nuevo juez lo investigue.
Comienzo
En enero pasado, el fiscal federal Ramiro González impulsó la investigación judicial para determinar si, en 2015, se cometieron delitos para financiar la campaña electoral que hizo Cambiemos para que Mauricio Macri fuera elegido presidente de la Nación. El caso quedó en manos del juez Ariel Lijo.
El periodista Juan Amorín hizo una investigación sobre la eventual falsificación de los nombres de los aportantes de la campaña que tuvo como principales candidatos a Esteban Bullrich y Graciela Ocaña y la participación apócrifa de más de 800 personas entre beneficiarios de planes y monotributistas sociales.
Se abrieron varias causas: una penal y otra electoral en la jurisdicción de La Plata, y otras similares en los tribunales de Comodoro Py.
El fiscal electoral Jorge Di Lello hizo una investigación preliminar.
Una parte se envió al juzgado electoral de La Plata y otra a la jueza federal con competencia electoral María Servini para que determine si hubo irregularidades en el financiamiento de la campaña de 2015.
La jueza envió el caso a sorteo y le tocó a Lijo quien interviene en la causa junto a González.
Mientras tanto, Casanello sí comenzó a investigar y tomar testimonios a los aportantes.
En octubre, sin embargo, la Cámara Federal le ordenó que enviara su investigación al juez con competencia electoral de La Plata Adolfo Ziulu, quien le reclamó que se inhibiera de la investigación, a raíz de un planteo de Pablo Clusellas, secretario general de la Presidencia y apoderado del partido PRO.
Casanello acató la decisión pero se quedó con una parte que no tenía que ver con hechos ocurridos en la provincia de Buenos Aires. Lo mandó a sorteo y otro juez se lo devolvió. Entonces siguió adelante. Pero el fiscal Stornelli apeló.
Ahora Irurzun determinó apartarlo del caso.
