El exjuez federal subrogante de Santa Rosa, José Antonio Charlín, fue detenido y trasladado a un pabellón especial del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, dijeron este miércoles fuentes oficiales a Diario Textual. Este exmagistrado fue condenado a 5 años de prisión 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por los delitos de amenazas coactivas, violencia de género y tentativa de abuso sexual contra empleados del tribunal que tenía a su cargo.
La sentencia de Charlín -quien había sido nombrado juez en Pico, pero que trabajó en 2013 subrogando el Juzgado Federal de Santa Rosa- aún no está firme: tiene un recurso de queja contra su condena ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
¿Entonces por qué lo detuvieron? Porque hay jurisprudencia que indica que una vez que la Cámara Federal de Casación Penal le rechaza un recurso extraordinario para ir a la Corte, ya puede ser detenido. Es lo que pasó en este caso.
Igual no todos los jueces aplican esa jurisprudencia: así, por ejemplo, la votación para detenerlo fue de dos votos a uno, según dijeron fuentes extraoficiales a Diario Textual.
La orden de detención fue firmada este martes por el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa (TOF), con la conformación que originalmente lo condenó a Charlín en mayo de 2018: Orlando Coscia, Wálter Grosso y Luis Salas. Los dos primeros fueron los que votaron por su inmediata detención.
La detención se concretó en la mañana de este miércoles en el domicilio de Charlín, en Buenos Aires. Ocurrió a media mañana, luego de que el exjuez subiera un saludo a su cuenta de Facebook por el Día del Trabajador.
Según trascendió, no quería entregarse a los policías y cuestionó, verbalmente, la legitimidad de la orden de detención ordenada por el TOF.
Todos los sucesos delictivos de Charlín tuvieron lugar durante los casi dos meses que ejerció como juez subrogante en el Juzgado Federal de Santa Rosa, a mediados de 2013.
Charlín está condenado por delitos tan variados como las amenazas para amedrentar al personal a su cargo, abuso sexual y amenazas hacia sus empleadas en un contexto de violencia de género laboral, amenazas a un fotógrafo y otros funcionarios, por la malversación de fondos públicos porque compró mobiliario y equipos de música con dinero que tenía otro fin, y haber roto el mobiliario de la oficina judicial en ataques de furia.