Una mujer de 23 años fue a la Guardia del Hospital Lucio Molas porque su embarazo es de riesgo y, según contó, dos médicas le dijeron que no podía realizarse la práctica del aborto porque era un “pecado” y no estaba legalizada. Finalmente ante la difusión del caso, que hizo a través de su cuenta de Facebook, las autoridades del centro asistencial intervinieron y le garantizaron la práctica.
Las médicas, ahora, podrían afrontar un sumario. Es que la interrupción del embarazo está legalizada desde 1921 en todo el país y fue reafirmada en 2012 con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: se puede realizar la práctica cuando hay riesgo para la vida o la salud de la persona gestante o que el embarazo sea producto de una violación o de una relación sexual no consentida.
Lo cierto es que el procedimiento, que había sido recomendado por médicos privados, se demoró unos 10 días, mientras la joven, del barrio Aeropuerto, de Santa Rosa, está entrando en el cuarto mes de embarazo.
Ella se atendía en el sector privado, en consultorios de la Torre Médica. Según contó, allí detectaron que el embrión tenía demasiado líquido. Por eso la derivaron con un genetista para realizarse un costoso estudio que ninguna obra social le autorizó.
Así buscó una segunda opinión con otra profesional del sector privado, quien le recomendó ir directamente al Molas porque tenía que interrumpir su embarazo.
La joven, al ir al Molas, la atendió una médica de guardia, quien vio el informe médico y le recomendó que vuelva «el miércoles a primera hora» para realizarse la intervención. Pero cuando regresó, otra médica de guardia le frenó la práctica. «No es para una interrupción, es un bebé compatible con la vida y hacer un aborto es un pecado”, contó. Otra médica le dijo que «no estaba legalizado» el aborto.
Finalmente explicó que la única opción que le quedó fue esperar a la próxima semana cuando su médico regresara.
El caso generó un revuelo en Salud. El hospital, ante la difusión del caso, comunicó que asegurará la práctica de interrupción del embarazo. «El Ministerio de Salud del Gobierno de La Pampa informó que, a través de la Dirección de Maternidad e Infancia, se tomó intervención en un caso que podría ser causal de ILE (Interrupción Legal del Embarazo)», comunicó. «Se trata de una paciente que llegó al hospital Lucio Molas desde el sector privado y fue derivada porque su obra social le niega el pago de un estudio para determinar la vitalidad del embrión. De ese resultado, podría surgir la causal de una ILE y en tal sentido, para poder realizar los estudios se requiere la negativa formal de la obra social, ya que es una exigencia de la Ley. El próximo día lunes el director del establecimiento se reunirá con la paciente para coordinar los trámites administrativos y luego se la asistirá, porque el Gobierno cumple con la ley de la ILE. A esta altura cabe aclarar que nunca se negó su atención. La obra social niega la prestación y el Estado presente la asistirá», finalizó.
