Un empleado municipal de Santa Rosa fue denunciado por haber cometido una defraudación dentro del depósito de automóviles que la intendencia tiene en el Parque Industrial. Le cobró 3 mil pesos a un hombre para que pudiera retirar un Renault 9 y luego, cuando ya había realizado la transacción, denunció ante la Policía que el vehículo había sido robado. Sin embargo, los investigadores comprobaron, gracias a las cámaras de videovigilancia, que el empleado era quien había entregado el auto.
El municipal hizo la denuncia policial el 12 de agosto pasado. «Me han robado uno de los autos», contó ante la Policía, para intentar justificar que el R-9 no se encontraba en el predio. Poco después de esa denuncia, los investigadores encontraron el Renault 9: lo tenía su dueño.
El propietario del auto no tardó demasiado en contar qué había pasado. Dijo que no pagó en el Juzgado de Faltas, sino que se dirigió directamente al predio. «Me secuestraron el 9 y, cuando fui al depósito, uno de los encargados me pidió plata para poder liberarlo. Le di 3 mil pesos y pude sacarlo», dijo.
Los dichos del propietario del auto fueron corroborados con las cámaras de seguridad del predio.
El acusado es uno de los cuatro encargados del lugar. Este mediodía se le informó, en una audiencia de formalización, de qué delitos se lo acusa: falsa denuncia en concurso real con fraude a la administración pública, en concurso ideal con peculado.
La formalización estuvo a cargo del juez de control, Néstor Daniel Ralli, a partir de un pedido del fiscal general de Santa Rosa, Máximo Paulucci, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos y Contra la Administración Pública de la Primera Circunscripción Judicial. Él estuvo acompañado por la fiscal adjunta María Micaela Succurro. A su vez, al imputado lo acompañó el defensor particular Juan Carlos Resia.
Paulucci dijo que, entre otras pruebas, lo comprometen un video donde se ve a Kunt entregándole el auto a su dueño, la declaración de este afirmando que abonó dicha suma y una fotocopia de autorización de entrega en blanco, donde consta un número diferente al del acta de la infracción cometida por el Renault 9.
Ralli, además, a requerimiento de la fiscalía, ordenó la apertura del celular que se le secuestrara al empleado público en su lugar de trabajo y dispuso su prisión preventiva, aunque sustituida por una prohibición absoluta de comunicación y contacto, a menos de 200 metros, con cinco testigos de la causa.
