Finalmente este viernes, y pese al amparo presentado en la Justicia por el Estado pampeano, el Gobierno de Mendoza convocará a empresas a una licitación pública e internacional para iniciar los trabajos para construir la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento.
El anuncio está previsto para mañana, a las 12.30, en el Centro de Congresos y Exposiciones de la localidad mendocina de Malargüe. Lo hará el gobernador de la provincia cuyana, Alfredo Cornejo.
La obra tendrá un costo de 1.023 millones de dólares. Mendoza y Nación pretenden realizar la obra de Portezuelo sobre el río Grande, tributario del Colorado.
Ya está el financiamiento, en Letras del Tesoro Nacional, que estarán a destinados la construcción de una represa de 185 metros de alto, de las más altas del planeta, más una central hidroeléctrica con capacidad para abastecer a 130.000 usuarios. También está prevista la nueva traza de las ruta nacional 145 y la de la provincial 226 (que quedarán bajo el agua), la relocalización del pueblo de Las Loicas y también la línea eléctrica que conducirá la energía desde la presa hasta Malargüe.
El plazo de construcción es de 5 años y estiman que generará 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
La obra de Portezuelo es resistida por el Gobierno pampeano y por ONG’s ambientalistas de casi toda la cuenca: podría afectar la cantidad y calidad de agua del río Colorado.
Esta etapa no contempla aún el trasvase de agua desde el río Grande al Atuel, aunque ese es el objetivo principal del Estado mendocino. La Pampa también se niega al trasvase.
El Gobierno de Carlos Verna volvió a la carga el 18 de agosto contra la construcción de la represa: presentó un amparo ambiental en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar la licitación.
Para La Pampa, el decreto del presidente Mauricio Macri, que autorizó el desembolso de 1023 millones de dólares para hacer la obra de acuerdo a las normas provinciales de Mendoza, viola los controles naciones de la Ley General del Ambiente y de Obras Hidráulicas. De esta manera, razonan en Casa de Gobierno, no se preservará ni se hará un uso racional de las aguas del río Colorado y el cuidado del ambiente.
Ese amparo -aun no resuelto por la Corte- tuvo como objetivo que, antes de arrancar cualquier obra o procedimiento relacionado con Portezuelo, se realice una evaluación de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado, se respete el derecho de información pública y participación ciudadana y sea aprobado o desaprobado, con carácter vinculante, por el Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado.
