El Gobierno de Mendoza anunció recuperará el control de la mina de Potasio Río Colorado que había sido operada por la empresa brasilera Vale. La situación generó alarma en La Pampa y uno de los que ya alertó de la situación fue el diputado radical Martín Berhongaray: la montaña de sal extraída, que no tendrá uso, podrían alcanzar el cauce del principal río que recorre el sur pampeano y generar una catástrofe ambiental. «Al día de la fecha no se ha logrado despejar la preocupación que genera el riesgo de contaminación del suelo, subsuelo, agua superficial y subterránea», sostuvo el legislador y candidato a diputado nacional.
La mina -que se suma a la polémica iniciativa para levantar la represa Portezuelo del Viento- está ubicada en el sur de la provincia de Mendoza. Se pretende extraer cloruro de potasio, utilizado como fertilizante en explotaciones agropecuarias.
Este proyecto ha sido reformulado en varias oportunidades. Una de las principales controversias tiene que ver con el material de descarte: el cloruro de sodio.
Hay estudios que indican que el volumen que quedará descartado, luego de la refinación, tendrá volúmenes similares al cloruro de potasio objeto de la explotación.
En el estudio de impacto ambiental originalmente presentado se proponía depositar el cloruro de sodio residual en un predio de 200 hectáreas. Se estimaba que el acumulado alcanzaría una altura de 50 metros.
El volumen de sal sería de unos 100 mil millones de kilos. Esa montaña de sal será abandonada a 17 kilómetros del río Colorado, a perpetuidad. Se constituirá en el mayor pasivo ambiental.
En 2008, la Legislatura pampeana -precisamente a partir de un proyecto de Berhongaray- reclamó al Estado provincial requerir a la Auditoría General de la Nación (AGN) la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental del proyecto Potasio Río Colorado. «Hasta el día de la fecha no logró concretarse esa gestión, motorizada básicamente por la falta de confianza que genera el informe ambiental oportunamente preparado por la consultora URS contratada por la firma Río Tinto Mining & Exploration Leed», dijo Berhongaray.
«No caben dudas pues, que la Auditoría General de la Nación se erige en el organismo adecuado para practicar una nueva EIA toda vez que a sus calificados recursos humanos y técnicos, y a su vasta experiencia en el desarrollo de esta índole de actividades, le adiciona la garantía de la imparcialidad y seriedad de sus conclusiones», sostuvo.
El legislador, además, recordó que el Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Nación trató el pedido de La Pampa para realizar una evaluación de impacto ambiental y resolvió remitir la solicitud a la Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación.
En una reunión celebrada en Puerto Madryn, el Parlamento Patagónico también recogió la decisión tomada por la Legislatura de La Pampa y aprobó por unanimidad la realización de una evaluación de impacto ambiental por la AGN.
«No se trata de auditar sólo un emprendimiento minero, sino fundamentalmente de hacer un debido análisis de los prejuicios que dicha explotación puede ocasionar al Río Colorado que es un bien del dominio público, de carácter interprovincial, de donde surge que hay facultades concurrentes del Gobierno Nacional con todas y cada una de las provincias que integran la cuenca», dijo.
El legislador sostuvo que, al tratarse de un “nuevo proyecto minero”, corresponde repetir todas las instancias de control con la estricta supervisión de La Pampa. «No es la primera vez que se pretende modificar el proyecto originariamente presentado para la extracción de cloruro de potasio, respecto del cual la consultora internacional URS realizó el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, duramente cuestionado por prestigiosos especialistas a raíz de sus inconsistencias técnicas», sostuvo. «Oportunamente distintos expertos coincidieron en señalar que las condiciones de explotación pactadas en la propuesta inicial no despejaban los riesgos de contaminación del río Colorado».
