El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa aprobó en su sesión del miércoles “repudiar enérgicamente la militarización y violencia institucional, la criminalización de la protesta social, y la suspensión de las libertades y garantías constitucionales y convencionales de los pueblos ecuatoriano y chileno”.
Además se expresó la solidaridad con los pueblos ecuatoriano y chileno, y especialmente con el estudiantado movilizado y movilizante en pos de garantizar el acceso a los derechos humanos fundamentales, como lo son la educación y la salud.
Una copia de la resolución será enviada a la Embajada de la República de Chile y a la Embajada de la República de Ecuador en la Argentina.
“En la República del Ecuador se sucedieron en las últimas semanas manifestaciones contra el aumento del precio del combustible y del costo de vida, impulsadas por comunidades indígenas, sindicatos, organizaciones estudiantiles y de la sociedad civil”, dijeron.
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En ese sentido, la represión policial ordenada por el gobierno del presidente Lenin Moreno contra quienes se manifestaban dejó un saldo de al menos 10 víctimas fatales y más de 1300 heridos y heridas.
Posteriormente, en la vecina República de Chile, y tras el aumento del boleto del metro, el estudiantado convocó a la movilización del pueblo, lo que generó una ola de manifestaciones sociales que son la expresión de los reclamos por una sociedad más justa e igualitaria, y que van desde la crisis en los sistemas de salud y educativo hasta las tarifas energéticas y la privatización del acceso a bienes y servicios básicos.
La reacción del gobierno del presidente Sebastián Piñera, indicó la resolución, fue decretar el Estado de Excepción y militarizar el conflicto social, con altos niveles de violencia institucional, lo que hasta el momento ha generado personas asesinadas, cientos de heridas y más de mil detenidas, entre quienes se encuentran mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes.
“Las reformas económicas regresivas y los planes de ajuste estructural implementados en diferentes países Latinoamericanos en los últimos años, han provocado un aumento sostenido de la desigualdad y malestar social, expresados en los casos particulares en las movilizaciones de las últimas semanas”, expresaron consejeras y consejeros.
Con su accionar, las fuerzas armadas y de seguridad de los estados chileno y ecuatoriano incurren en una violación sistemática de los derechos humanos de los y las habitantes de ambos países y lesionan las garantías de la libre circulación y expresión ciudadana al reprimir a los sectores que se manifiestan en pos de sus legítimos reclamos”, agregaron.
La Universidad Nacional de La Pampa afirma y defiende la doctrina democrática, y sostiene que los conflictos sociales y los reclamos populares no deben ni pueden resolverse a través de la criminalización de la protesta, en tanto ello atenta contra los Estados Constitucionales de Derecho y Democráticos de la región.
