El Gobierno de Mendoza finalmente promulgó los cambios a la Ley 7.722, luego de un día marcado por protestas de ambientalistas que viajaron desde distintos puntos de la provincia. La reglamentación se hizo en el Boletín Oficial de hoy.
Los cambios son a los artículos 1, 3, 4, 5 y 7 de la Ley 7.722, que causaron rechazo entre ambientalistas debido a que aumentan el número de sustancias químicas permitidas en la minería.
Uno de los puntos que más controversia causó fue la flexibilización del uso del cianuro, aunque sigue vigente la prohibición del uso de mercurio.
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También crea la Policía Ambiental de Actividades Extractivas, que dependerá de la Secretaría de Ambiente Territorial, y será el organismo encargado del «control y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros de la Provincia, debiendo informar todas las actividades desarrolladas semestralmente a la Comisión Bicameral de Contralor Ambiental y Seguimiento de Actividades Extractivas en todo el territorio de la Provincia de Mendoza».
También establece que, en lo referido al agua, «el Departamento General de Irrigación deberá ejercer el control específico y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros de la Provincia, en todas y cada una de sus etapas».
En el artículo 7 se establece que «todo proyecto minero, en cada etapa, deberá contratar un seguro de responsabilidad civil, caución, fianza bancaria, fondo de reparación u otra garantía equivalente y de entidad suficiente, para asegurar la recomposición de los eventuales daños ambientales«.
