El concejal santarroseño de la UCR-Frepam, Pablo Pera, presentó un proyecto de ordenanza para adherir a la Ley Provincial Nº 2550, de adhesión a la Ley Nacional 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. En la misma iniciativa propuso adherir a la Ley Micaela, de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
«Erradicar la violencia de género es un deber del Estado en todos sus órdenes administrativos. En ese sentido es que existe la posibilidad de aplicar sanciones a los agentes que ejerzan violencia contra las mujeres, sean éstas compañeras de trabajo, familiares, parejas, etc», sostuvo en los fundamentos.
«El Estado no puede pensar que avanza en la lucha contra este flagelo sólo con decretar, por ejemplo, la cesantía de un empleado que ejerció violencia contra una mujer. A ello deben sumarse numerosas medidas y acciones positivas enmarcadas en una política de Estado que contemple un abordaje integral, que dé contención en todos los aspectos de la vida y de la personalidad», afirmó.
«Una de las aristas que debe contemplar ese abordaje integral de la violencia de género es la situación económica de desamparo en la que quedaría la víctima de violencia ante la pérdida de la fuente laboral de su pareja, sean cónyuges o convivientes. A menudo ocurre que la sanción aplicada al agresor se termina trasladando a la víctima en aquellos supuestos en que aquel es el sustento económico del hogar. Así, no se consigue más que revictimizar a la mujer», advirtió.
«La misma apreciación vale para quienes sin ser pareja del agresor, tienen una relación de dependencia económica, por cualquier motivo que fuera. Una herramienta que permitiría ayudar a la víctima a salir del círculo de violencia es tener estabilidad e independencia económica, la que el Estado Municipal podría brindar otorgando la vacante generada por la baja del agresor», indicó.