Representantes de la Caja de Previsión Profesional y legisladores nacionales de nuestra provincia se reunieron para hablar acerca de la reestructuración de la deuda, ante los bonos emitidos por Nación y/o Provincias, y que podrían afectar el futuro de este tipo de instituciones previsionales.
Del encuentro participaron el presidente de la Caja, Iñigo Insausti y gerente, Pablo Chaves. De los legisladores estuvieron la senadora Norma Durango y los diputados nacionales Melina Delú, Ariel Rauschenberger y Hernán Pérez Araujo, todos del FreJuPa.
El eje central del diálogo giró en torno a la preocupación respecto a las consecuencias que se producirían ante una eventual aprobación del proyecto de ley “Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa”, elevado recientemente al Poder Ejecutivo.
Los legisladores pampeanos recibieron documentación y una propuesta formal de la Caja de Previsión Profesional para incluir en la iniciativa.
“Nuestras instituciones respetan las intenciones que motivan la necesidad de reestructurar los compromisos de pago asumidos, sin embargo, es necesario remarcar que las Cajas de Previsión para Profesionales son entes públicos no estatales, creadas por leyes provinciales y se financian pura y exclusivamente administrando aportes y contribuciones de la seguridad social que abonan los profesionales afiliados”, explicaron desde la Caja.
Y agregaron: “En la administración de sus reservas, las Cajas Previsionales invierten mayormente sus fondos en títulos valores emitidos por el Estado Nacional y por las Provincias, con el único objetivo de garantizar la sustentabilidad del sistema, preservando su valor y protegiéndolos de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, obviamente sin ningún tipo de interés lucrativo, y ante una economía que todos ampliamente conocemos por su fragilidad e inestabilidad”.
Desde la Caja de Previsión Profesional advirtieron que la aprobación del proyecto de ley y las consecuentes quitas y/o diferimientos que se realicen en consecuencia del mismo, sin contemplar ninguna excepción para las inversiones realizadas por nuestras instituciones, “pondría en serio riesgo” el cumplimiento de sus obligaciones, “generando un considerable perjuicio patrimonial, que repercutiría en la sustentabilidad de nuestros regímenes previsionales”.
