La senadora Norma Durango (PJ) presentó este jueves en el Senado una iniciativa que fundamenta su desacuerdo ante la remisión de la Nación a la Provincia de Mendoza de aproximadamente 14 millones de dólares destinados a avanzar en la ejecución de la represa Portezuelo del Viento.
El proyecto fue avalado de manera conjunta con su par provincial, Daniel Lovera y la senadora de Río Negro, Silvina García Larraburu.
Durango criticó que no se repare en la insuficiencia de los estudios de impacto ambiental practicados y en que la ejecución de la obra agravaría severamente la crisis hídrica que atraviesa la cuenca del Río Colorado.
“Funcionarios pampeanos del área hídrica han manifestado que la crisis que atraviesa la cuenca no se había registrado en cien años y que luego de exhibir niveles aceptables entre los años 1997 y 2007 que llegaron a 5500 hectómetros cúbicos, se ha producido en los últimos años un descenso brusco a la mitad de ese nivel”, remarcó la legisladora pampeana.
El agua de la cuenca se utiliza principalmente para riego, pero también para consumo humano y en tal sentido, todas las provincias ribereñas de la cuenca resultarán inexorablemente afectadas y así surge de la reunión que recientemente mantuvieron el gobernador Sergio Ziliotto, de La Pampa, y su par Arabela Carreras, de Río Negro, en el Dique Casa de Piedra, cuyos niveles están siendo afectados por la crisis descripta.
Y recordó que la provincia de Buenos Aires, aguas debajo de la obra proyectada por Mendoza, también resulta afectada, a tal punto que los regantes de la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO Río Colorado) han debido disminuir el área bajo riego.
Justicia
“La realización de la obra cuestionada ha merecido presentaciones judiciales de la Provincia de La Pampa y también por la Asociación Civil ‘Asamblea por los Ríos Pampeanos’ que se encuentran en trámite por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en las que fundamentalmente se ha cuestionado la insuficiencia de los evaluaciones de impacto ambiental que Mendoza aduce para concretar la obra”, añadió Durango.
Dentro de estas acciones judiciales iniciadas se encuentran representadas doce Comunidades Originarias, perteneciendo diez de ellas a la provincia de La Pampa y dos a la de Mendoza y expresaron que la obra en curso pone en riesgo los recursos naturales y ecosistemas de la zona en que viven, el derecho al agua como derecho humano y los derechos de las generaciones futuras, sostuvo la senadora por La Pampa.
Y afirmó: “Es importante señalar que en la construcción de dicha represa se han violado principios rectores receptados en la Ley General de Ambiente 26.675 y en la normativa aplicable. Así, ha sido insuficiente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al ser realizado sólo en el ámbito de la Provincia de Mendoza, siendo que el río Colorado es interjurisdiccional y atraviesa más de una provincia, y además porque no se dio intervención al resto de las provincias de la cuenca en la Audiencia Pública realizada en Malargüe”.
Pagos
Durango dijo que a finales del mandato del expresidente Mauricio Macri y pese a encontrarse pendientes de resolución las causas mencionadas, el exmandatario y el entonces gobernador mendocino Cornejo, celebraron un acuerdo en el que la Nación se hacía cargo de financiar la obra a cambio del desistimiento de las acciones judiciales por las que el estado cuyano perseguía resarcimiento por los daños que le habían ocasionado regímenes de promoción industrial que lo habían afectado.
En virtud de dicho pacto, se acordaron cinco pagos, habiendo sido remitido el primero de ellos en octubre del año pasado, durante los últimos días del gobierno de Macri y el segundo, éste al que nos oponemos, por la suma de $ 13.915.837, ya por en la gestión de Alberto Fernández.
“En ese marco, manifestamos nuestro absoluto rechazo a la continuidad de la obra y apelamos a sumar nuestras voces en la esperanza de que alcancen a concientizar sobre el desastre ambiental que se avecina sobre toda la cuenca del Colorado si no se paraliza inmediatamente su ejecución. Se encuentra en juego la protección y preservación de un recurso natural frágil y valioso”, finalizó Durango en sus fundamentos.
