Las asociaciones rurales, contratistas rurales y vendedores de máquinas de La Pampa pidieron hoy hacer una serie de modificaciones al proyecto de Ley de Gestión Integral de Plaguicidas, que se debate en la Cámara de Diputados. Entre otros cambios pidieron que, en vez de 500 metros, se restringa las aplicaciones terrestres hasta los 100 metros de los pueblos. Además, reclamaron que las aéreas, en vez de 3000, se prohíban a 1000 metros de los centros urbanos.
Advirtieron que, de prosperar el proyecto oficial, se verán afectadas 210 mil hectáreas de 44 localidades -entre ellas Pico y Santa Rosa-. Allí, dijeron, no se podrá cultivar girasol y será casi imposible sembrar maíz. «Cuando la planta está grande, la única forma de aplicar fungicidas es de forma aérea por lo que si se prohíbe van a quedar miles y miles de hectáreas de girasol y maíz sin cultivar», dijeron.
El proyecto de ley enviado por el Gobierno provincial a la Legislatura restringe las aplicaciones terrestres de agroquímicos a 500 metros de los centros urbanos o escuelas rurales. Pero además establece que se deberá contar con la autorización municipal para aplicaciones terrestres en los siguientes 2.500 metros. Según el texto oficial, en el caso de las aplicaciones aéreas la limitante sería de 3.000 metros.
Agroquímicos: ruralistas dicen que no podrán sembrar 210 mil has y dan el listado de los pueblos
Hoy, a las 9 horas, fueron representantes de asociaciones rurales, contratistas rurales y vendedores de máquinas agrícolas a un plenario de los legisladores, donde se analiza la nueva ley.
Víctor Tapié, presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa y representante de Carbap, dijo que el sector propone una restricción de 100 metros para las pulverizaciones terrestres y de 1000 metros para las aéreas. «Agradecemos a los diputados que nos escuchen. Queremos que salga una buena ley para todos», dijo.
“Nosotros no queremos que sea una ley que prohíba cosas o de restricción; sí de control, pero no de prohibición, porque si tenemos que volver a los modelos de hace veinte años atrás automáticamente la producción agropecuaria se va a caer un cincuenta o un sesenta por ciento”, agregó en diálogo con la prensa.
«En los pueblos del interior la mayor cantidad de hectáreas que hay alrededor de los pueblos son pequeñas chacras con lo cual los pequeños productores de la provincia serían los más afectados por esta medida», sostuvo.
-¿Cuál es la sugerencia que harían con ese tema?
-Nosotros tenemos una propuesta de cien metros como mínimo. Y después habría que ver qué se hacen con esos metros porque van a quedar muchas hectáreas sin cultivarse o tratarse. Ustedes saben que si no hay aplicaciones van a empezar a venir enfermedades, alimañas alrededor de los pueblos que habrá que hacer un trabajo con los municipios y la Provincia para ver qué se hace y cómo se tratan esos metros que van a quedar.
-Y la aplicación aérea, ¿de cuánto sería?
-Nosotros proponemos que con un viento en contra al casco urbano y proponemos que la aplicación aérea sea con un límite de mil metros. Hay una explicación técnica, pero bajo las mismas condiciones climáticas que un aplicador terrestre lo podría hacer un aplicador aéreo.
-¿Reconocen que este modelo así como está tiene un impacto negativo sobre la salud?
-Hay de todo. Me parece que científicamente hay muchas cosas que no están comprobadas. Nos parece más que importante la salud y vamos a hacer todo lo posible para que salga una buena ley y no nos vamos a oponer a cosas que estén comprobadas científicamente y vayan en contra del medio ambiente o de la salud.
Andrés González, de la Sociedad Rural de Pico, dijo que «no hay fundamento técnico» para establecer los límites a las pulverizaciones que pretende el Gobierno. Dijo que otros países no imponen esos límites. Así en España la restricción de las pulverizaciones aéreas son de 100 metros.
Derivas
En la ronda de preguntas, se les consultó a las entidades rurales si es 100% probable que no vaya a haber una deriva secundaria o terciaria. “El proyecto actual atenta contra las buenas prácticas», respondió el ingeniero agrónomo Juan Manuel Pepa (de Intendente Alvear). «El prohibir limita las rotaciones, lo cual genera el uso de los mismos productos y en consecuencia una resistencia a esos mismos. ¿Es lógico usar diferentes distancias comparados con países desarrollados? Con un viento de 40 kilómetros tuvimos una deriva de 0 metros en terrestre y 40 metros en aérea”.
Además, manifestó que la fiscalización genera «tranquilidad» en los productores y en los ciudadanos. «Una fiscalización firme es necesaria. ¿Hay capacidad para fiscalizar en 3000 metros?”, preguntó el agrónomo a los legisladores.
Por su parte, se consultó sobre los cultivos de cobertura. “Los cultivos de cobertura se usan en toda la provincia desde hace años. El maíz tardío y los cultivos de cobertura fueron creados en La Pampa. Somos pioneros en ello”, manifestó Pepa.
Más adelante, dijo que el problema es que no hay fiscalizadores suficientes. «Los fiscalizadores privados pasan por incomodidades al firmar una aplicación. Se genera más tranquilidad al tener un fiscalizador municipal”, expresó.
Menos glifosato
Dijo, también, que el consumo de glifosato en los últimos 5 o 6 años ha sido reducido gracias al uso de las buenas prácticas: rotación de cultivo y cultivo de cobertura, entre otras. «Sin embargo -remarcó- hoy por hoy no se puede no usar agroquímicos, pero vamos en un reducimiento progresivo”.
“En lo personal –siguió Pepa- puedo decir que he bajado muchísimo en glifosato. He bajado muchísimo gracias al cultivo de cobertura. Hablar de 0 agroquímicos hoy es imposible”. En este sentido, dio un ejemplo. “Un médico le va a decir que coma sano y se cuide, lo que nunca le va a decir un médico es que no se vacunen. Lo nuestro va en el mismo sentido. Hoy por hoy pensar en 0 agroquímicos es imposible”.
Por su parte, Tomás Álvarez, dijo que «no hay elementos científicos» que puedan decir cuál es la distancia de fumigaciones. «Entre todos tenemos que exigir que se empiecen a hacer trabajos. Ahí está faltando la parte científica para que salga la mejor distancia”, expresó.
Por último, Adolfo Sánchez, de la Federación Agraria, manifestó que hay «demasiado fundamentalismo» en la sociedad. “Hay que informar a la población urbana, porque a veces veo demasiado fundamentalismo, y hay que saber analizar la realidad productiva. En la prensa se nota que la gente cree que el glifosato es un veneno, pero mientras tanto en sus casos siguen usando productos. Y hay bastante ignorancia. Hay que organizar charlas a la gente del pueblo”.
Ingenieros agrónomos
Ayer, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa respaldó el proyecto de Ley de Gestión Integral de Plaguicidas porque se busca «preservar la salud de la población y el medio ambiente», aunque dijo que se deberían revisar los límites de aplicación de distancia con los pueblos, las prescripciones de compra y los órganos de control. «Lo que pretendemos es que se usen los agroquímicos con buenas prácticas agrícolas, preservando la salud y el medio ambiente. Es lo que más nos preocupa», dijo Ricardo Re, presidente de la entidad.
Dijo también que al colegio -que representa a unos 500 ingenieros- le parecía «excesivo» el límite de prohibición de 3 mil metros de distancia de los pueblos para hacer pulverizaciones aéreas y de 500 metros para las terrestres. «Se debería revisar ese punto. No tiene asidero científico», expresó. En ese marco, solicitó consultar a los científicos para establecer las distancias excluidas para la aplicación.
Funcionarios
El jueves pasado, funcionarios del Gobierno provincial defendieron el proyecto oficial: admitieron que «impactará» en las prácticas en los campos, dijeron que pese a las mayores restricciones no habrá caídas de rindes de cosechas y aseguraron que, así, se «cuidará mejor» el medio ambiente y la salud de los productores rurales y de los habitantes de los pueblos.
Ambientalistas
La semana pasada, en una asamblea, ambientalistas pidieron ser escuchados en la discusión por la Ley Integral de Gestión de Plaguicidas, dijeron oponerse a la iniciativa y reclamaron terminar con los fitosanitarios y, además, solicitaron que en dos años se imponga un nuevo modelo productivo basado en la agroecología. La asamblea fue convocada por el Colectivo La Pampa Libre de Agrotóxicos. Participaron, además, otros ambientalistas.