Los intendentes concurrieron este martes a la Legislatura para participar del debate por el proyecto de ley de Plaguicidas. Apoyaron la propuesta enviada por el Ejecutivo. «Lo primordial es pensar en la salud de la gente», dijeron.
Los jefes comunales fueron invitados al plenario de comisiones donde se está tratando la iniciativa que envió el Gobierno provincial para regular la aplicaciones de los agroquímicos.
Pascual Fernández, intendente de Uriburu, dijo que el proyecto es muy importante para la sociedad porque se trata de cuidar la salud. «Sin dudas que hay intereses que se afectan, pero lo primordial es pensar en la gente y es fundamental delimitar los lugares donde se hacen las aplicaciones y actuar responsablemente. Si esto se deja librado a quienes tienen que ver con esto, perdemos los ciudadanos», dijo.
Consultado por Diario Textual sobre si está de acuerdo con las limitaciones que prevé el proyecto del Ejecutivo en cuanto a las distancias para fumigar por tierra y por aire, Fernández respondió: «Acordamos totalmente. Está claro y demostrado que no nos respetan, entonces hay que marcarlo, hay que ser claros y prioridad la salud de la gente», insistió.
La intendenta de Ingeniero Luiggi, Patricia Lavín, fue otra de las voceras. Dijo que ve «con buenos ojos» el proyecto y sostuvo que «es el momento de generar la discusión» sobre los agroquímicos.
«Nos están pidiendo que cuidemos la salud de la población, así que vemos muy bien el proyecto», sostuvo, y considero que «no hay margen para que los municipios no hagamos el monitoreo y la fiscalización» de la ley.
En tanto, el diputado Oscar Zanoli (Frejupa), quien preside las reuniones a las que son invitados actores involucrados en el tema, dijo que «la idea es aportar y sacar la mejor ley. Todos estamos tomando conciencia que tenemos que ir hacia otro modelo de producción, pero en forma paulatina».
«Los intendentes tienen una gran responsabilidad que es la concreción de los Centros de Acopio Transitorio, por eso la necesidad de escucharlos», dijo.
«Primero hay que preservar la salud, el ambiente y después producir. En eso coincidimos todos los legisladores», agregó.
El punto central del proyecto de ley enviado por el Gobierno provincial a la Legislatura es el que restringe las aplicaciones terrestres de agroquímicos a 500 metros de los centros urbanos o escuelas rurales. Pero además establece que se deberá contar con la autorización municipal para aplicaciones terrestres en los siguientes 2.500 metros. Según el texto oficial, en el caso de las aplicaciones aéreas la limitante sería de 3.000 metros.
