Los detenidos en la provincia de Mendoza por incumplir el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional y que no tengan antecedentes penales tendrán que realizar trabajos gratuitos en hospitales, comisarías o municipios, según lo resolvió la Justicia provincial.
Según explicó a Télam el Procurador General de la Provincia, Alejandro Gullé: “En los casos en que los imputados por violar la cuarentena no aparezcan como acusados de algo doloso o buscados, trabajarán gratis para el Estado”.
Para el resto, como aquellos que tengan antecedentes, habrá prisión efectiva, con penas que van de seis meses a dos años de prisión.
“Dispuse analizar cada caso en particular y se podrá aplicar la suspensión del juicio a prueba y la regla de conducta, con trabajo gratuito para el Estado, preferentemente en hospitales públicos o centros de salud, municipalidades o escuelas en el reparto de comidas o hasta en comisarías y oficinas fiscales”, explicó el jefe de fiscales.
Según Gullé, el 90 por ciento de los ya 1.355 detenidos hasta este mediodía, son gente joven de 18 a 30 años, en plena edad laboral. “Hasta pueden echarlos de sus trabajos si se los condena, así que no queremos generar antecedentes y perjuicios”, afirmó.