La Administración Federal de Ingresos Públicos dispuso levantar la feria fiscal para avanzar en la investigación respecto a los titulares de las 950 cuentas no declaradas de argentinos, aportadas por la OCDE. La medida implica que se iniciará el proceso de fiscalización sobre quienes tengan u$s 1 millón o más y que podrían totalizar en conjunto más de u$s 2600 millones, hasta ahora en paraísos fiscales.
“Los procedimientos de fiscalización que se realizan en función de la información proporcionada por la OCDE resultan de trascendencia institucional y comprometen el interés fiscal en el marco del actual contexto de emergencia”, detalló la Resolución General publicada ayer en el Boletín Oficial.
Eso significa que la AFIP mantendrá la feria pero excluirá esta investigación en particular por su relevancia y también se apuntará la responsabilidad de los funcionarios en la gestión macrista, Alberto Abad y Leandro Cuccioli.
Escándalo: AFIP descubrió más de USD2.600 millones en 950 cuentas sin declarar
Según pudo saber Ámbito Financiero, ahora se está avanzando en la notificación de todos quienes figuren como titulares. Pero hay un dato adicional: hay miles de cuentas más que fueron alertadas por la OCDE con montos inferiores al millón de dólares que ingresarán en una segunda etapa de análisis.
Lo que hasta ahora nadie profundizó es por qué esa información -recibida en 2017- recién dos años después comienza a ser procesada, luego de una maniobra que apuntó a evitar que esos datos fueran desencriptados a favor del fisco.
Pero sobre todo cuáles fueron los pasos que podrían configurar un delito y por los cuales Alberto Abad y Leandro Cuccioli, los extitulares de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri, aparecen como los máximos responsables en el ocultamiento de esos registros que llegaron originalmente en diciembre de 2017 a la Unidad de Fiscalidad Internacional que, en ese momento con cinco personas en su equipo, recibió los datos desde la OCDE. Ellos fueron el nexo con el organismo recaudador local respecto a contribuyentes que no tributan en Argentina. Pero en el camino, hubo un intento de bloquear el avance y de eliminar ciertos registros para que nadie pudiera “ver” los “nombres” que contiene ese listado.
